¿Qué aranceles le han tumbado a Trump? ¿Cuáles siguen en pie? Todas las claves de la histórica resolución judicial

Ha sido un fallo histórico porque la segunda etapa de Donald Trump en la Casa Blanca se había cimentado sobre una agresiva política comercial, que tenía como objetivo, según él, devolver a Estados Unidos a la cima del orden económico mundial y castigar a todos los países que les habían tratado «de manera injusta». Su anuncio masivo de aranceles, sus idas y venidas, amenazas y rectificaciones, eran el pilar sobre el que se estaba construyendo su reinado. Uno que ahora amenaza con descarrilar.

En una decisión sin precedentes, el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, el órgano jurisdiccional especializado con competencias en la materia, ha declarado como ilegales los aranceles impuestos por el presidente estadounidense en virtud de una ley de poderes de emergencia, un fallo producido al resolver dos demandas en las que se acusaba a Trump de invadir las competencias del Congreso.

De manera inmediata, el Gobierno estadounidense ya ha anunciado que recurrirá la sentencia, un recurso que en principio debería presentarse ante un tribunal federal de apelaciones, pero que podría llegar hasta el Tribunal Supremo, algo que beneficiaría al presidente pues tiene una mayoría de seis jueces conservadores frente a tres progresistas. Pero, más allá de qué puede pasar en el futuro inmediato, y de los problemas que le puede acarrear esta resolución judicial al presidente norteamericano, cabe distinguir cuáles han sido exactamente los aranceles afectados por esta resolución y cuáles se han salvado, pues Trump no ha escatimado en aplicar diferentes tarifas desde que ocupa el Despacho Oval.

¿Qué aranceles se ven afectados?

Los jueces han tumbado dos grandes bloques de medidas comerciales:

1. Los aranceles globales del 2 de abril, que afectaban a prácticamente todas las importaciones internacionales y que fijaban un gravamen inicial del 10 %, con la intención de incrementarlo gradualmente. Aunque Trump prometió que se trataba de tarifas «recíprocas» y que responderían a la actitud de cada país hacia Estados Unidos, su alcance era tan amplio que fue considerado por los demandantes —doce estados con gobernadores demócratas y cinco empresas— como una extralimitación clara del poder presidencial.

2. Los aranceles del 25 % sobre productos provenientes de México y Canadá, justificados en una supuesta emergencia por inmigración ilegal y narcotráfico. También fueron anulados por el tribunal, al igual que los del 20 % sobre bienes chinos, señalados por el Gobierno de Trump como facilitadores de la producción de fentanilo, el potente opioide que ha provocado una crisis de salud pública en Estados Unidos.

En conjunto, estos tres grupos de aranceles representaban el corazón de la estrategia comercial «de choque» del presidente. Y, en opinión del tribunal, fueron decretados sin la debida autorización del Congreso, basándose de forma abusiva en una interpretación expansiva de la ley de 1977 (IEEPA), que permite al presidente actuar en situaciones de emergencia económica internacional.

¿Y cuáles siguen en pie?

Pese a la contundencia del fallo, no todos los aranceles de Trump han sido anulados. Siguen vigentes aquellos impuestos a productos específicos como el acero, el aluminio y los automóviles, que fueron implementados al amparo de una ley distinta, de 1962, que permite establecer restricciones si se considera que las importaciones amenazan la seguridad nacional.

En estos casos, el proceso ha sido más lento y ha requerido investigaciones por parte del Departamento de Comercio. Pero precisamente por haber seguido el procedimiento ordinario, estos aranceles no han sido objeto de las demandas que derivaron en la resolución judicial.

¿Qué es el Tribunal de Comercio Internacional?

Poco conocido fuera del ámbito legal, el Tribunal de Comercio Internacional es una corte federal con sede en Nueva York, integrada por nueve jueces de nombramiento vitalicio. Su competencia se centra en disputas relacionadas con las leyes aduaneras y comerciales de Estados Unidos.

Aunque habitualmente sus casos son analizados por un solo juez, en este caso —dado que se trataba de un asunto de peso constitucional y de alcance nacional— se constituyó un panel de tres jueces para valorar la legalidad de las acciones presidenciales.

Sus decisiones pueden ser apeladas ante el Tribunal Federal del Circuito y, en última instancia, llegar al Tribunal Supremo, donde Trump confía en revertir el fallo.