El exedecán de Bolsonaro confirma que se discutió la anulación de las elecciones de 2022

Mauro Cid, antiguo colaborador del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, ha confirmado este lunes, ante la Corte Suprema del país, durante la celebración de un juicio sobre la implicación de Bolsonaro en una trama golpista, la existencia de un documento para activar un «estado de sitio» y «rehacer las elecciones» en 2022.

La corte suprema juzga al exmandatario (2019-2022) por un supuesto plan para impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva luego de que lo derrotara en las elecciones de octubre de ese año.

Bolsonaro «recibió y leyó» y luego «ajustó» un documento presentado por colaboradores que preveía un «estado de defensa, estado de sitio y prisión de autoridades», según el acusado Mauro Cid, quien firmó un acuerdo de colaboración premiada con la Justicia.

Cid, que también está acusado de participar en la trama golpista, colaboró con la Policía Federal durante las investigaciones y sus confesiones fueron fundamentales para que la Fiscalía elaborase la denuncia contra Bolsonaro que luego fue admitida por el Supremo.

El exedecán y teniente coronel informó a la Policía de las reuniones que mantuvo el mandatario con la cúpula militar para discutir decretos que pretendían anular las elecciones de 2022, en las que Bolsonaro fue derrotado por el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Los agentes encontraron, además, decenas de mensajes en el teléfono de Cid en los que este informa a otros militares sobre la evolución de las conspiraciones.

Al interrogatorio de Cid le seguirán esta semana los del propio Bolsonaro y otros seis colaboradores cercanos, como el exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira y el candidato a vicepresidente Walter Braga Netto.

Concluida esta fase, el magistrado instructor consultará a la Fiscalía y a las defensas de los acusados para determinar si son necesarios nuevos interrogatorios y diligencias o si se pasa a los alegatos finales.

Los acusados están siendo juzgados por los delitos de abolición violenta del Estado democrático, golpe de Estado, asociación criminal armada, daño calificado y destrucción de patrimonio, cuyas penas máximas sumadas rondan los 40 años de cárcel.