¡Venezuela necesita apoyo!
Si la democracia es un valor universal, su defensa también debe serlo. La soberanía no puede seguir siendo el argumento detrás del cual se ocultan quienes han vaciado de contenido las instituciones republicanas
Familiares de presos políticos a las afueras del centro de torturas chavista El Helicoide, en Caracas (Venezuela)
El reciente pronunciamiento del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ha vuelto a colocar sobre la mesa una verdad incómoda: el sistema multilateral nacido tras la Segunda Guerra Mundial atraviesa una crisis evidente de eficacia. Organismos diseñados para prevenir conflictos parecen hoy atrapados en la inercia burocrática, mientras que las decisiones determinantes recaen en gobiernos que actúan frente a amenazas cada vez más complejas.
En el caso venezolano, algunos sectores europeos apelan al «derecho internacional» y a la «soberanía» para cuestionar cualquier iniciativa orientada a restaurar la democracia. Esa postura confunde deliberadamente conceptos esenciales. La soberanía pertenece al pueblo, no a quienes utilizan el aparato estatal para perseguir, reprimir o desmontar instituciones. Cuando un Estado deja de proteger a sus ciudadanos y se convierte en instrumento de opresión, la comunidad democrática tiene no solo la legitimidad, sino la responsabilidad de actuar.
La historia demuestra que la libertad rara vez ha sido fruto de esfuerzos aislados. Normandía en 1944 o la intervención tardía en los Balcanes recuerdan que la defensa de valores universales exige decisiones difíciles. Invocar la «no injerencia» como excusa absoluta equivale, muchas veces, a tolerar la perpetuación de regímenes que violan derechos fundamentales.
Hablar hoy de autodeterminación en Venezuela resulta aún más contradictorio cuando el país ha sido penetrado por intereses externos que operan con amplia libertad. La presencia cubana en áreas sensibles del Estado, la proyección estratégica rusa y las alianzas con Irán evidencian que la soberanía ya ha sido comprometida por dinámicas ajenas al interés nacional. Voces influyentes en Washington han insistido en la necesidad de desmontar esa presencia extranjera para estabilizar el hemisferio, señalando que Venezuela ha dejado de ser un problema doméstico para convertirse en un enclave geopolítico de alcance global.
Pero el desafío no es únicamente político. Iberoamérica enfrenta hoy la expansión de estructuras criminales que han borrado las fronteras entre ideología y delito. Redes vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas han encontrado refugio en Estados debilitados, convirtiéndose en actores híbridos capaces de desestabilizar gobiernos y financiar proyectos autoritarios. La designación del llamado «Cártel de los Soles» como organización terrorista por parte de autoridades estadounidenses refleja una tendencia preocupante: el crimen organizado deja de ser un fenómeno marginal para transformarse en una amenaza estratégica para la seguridad regional.
A esta realidad se suma la expansión de bandas internacionales como el Tren de Aragua, cuya presencia en varios países evidencia cómo el colapso institucional venezolano ha generado un efecto dominó en el continente. Estas estructuras participan en tráfico de armas, secuestros y redes de inmigración ilegal, alimentando una economía criminal que desborda las capacidades tradicionales de los Estados.
Hoy queda claro que la política exterior no es una simple suma de acuerdos, sino un terreno donde se definen los valores que sostienen el orden global
El debate actual también refleja el agotamiento de una visión internacional que creyó que el comercio bastaría para moderar proyectos autoritarios. Durante años se privilegió la estabilidad económica sobre la defensa de principios, mientras ciertas corrientes políticas justificaban modelos que terminaron destruyendo economías, instituciones y tejido social en todo el subcontinente americano. Hoy queda claro que la política exterior no es una simple suma de acuerdos, sino un terreno donde se definen los valores que sostienen el orden global.
La amenaza del narcoterrorismo ya no es una hipótesis académica. Operaciones recientes contra mafias vinculadas al tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico evidencian que el crimen transnacional se ha fusionado con estructuras violentas capaces de desafiar abiertamente a los Estados, obligando a respuestas de seguridad cada vez más complejas. En este contexto, Venezuela aparece como una pieza central de un tablero regional donde convergen intereses geopolíticos, economías ilícitas y redes ideológicas que erosionan la estabilidad democrática.
Venezuela no enfrenta una crisis convencional, sino la consolidación de un entramado político y criminal con ramificaciones internacionales. Por eso el reclamo de mayor firmeza no puede interpretarse como una amenaza, sino como el reconocimiento de que la neutralidad frente a las dictaduras termina favoreciendo su permanencia.
Si la democracia es un valor universal, su defensa también debe serlo. La soberanía no puede seguir siendo el argumento detrás del cual se ocultan quienes han vaciado de contenido las instituciones republicanas. Apoyar la recuperación democrática de Venezuela no es una intromisión arbitraria; es una respuesta coherente ante un escenario donde la verdadera injerencia ya ocurrió.
El momento exige claridad moral y responsabilidad política. Guardar silencio frente a la influencia de potencias autoritarias mientras se cuestiona el respaldo de naciones democráticas es una contradicción que la historia difícilmente absolverá.
