Censura: ¿también vamos a tragar?
En el sopor de agosto, Sánchez tramita como urgente una ley de secretos que limitará la libertad de prensa
Al visionario y honesto George Orwell le ocurre como a Churchill: dejó tantas citas buenas que a veces se le atribuyen algunas de propina. Una de esas frases apócrifas, que en realidad puede que sea del editor Hearst, es la siguiente: «Periodismo es publicar algo que alguien no quiere que publiques. El resto son relaciones públicas». O como proclamaba, con mucha razón, un viejo editor que tuve de chaval cada vez que se venía arriba auxiliado por el brío de un buen espirituoso: «El periodismo es la conciencia crítica del poder. De todo poder».
Así es: el sentido último del periodismo es contar todos aquellos hechos relevantes que los gobernantes tratan de ocultar a una ciudadanía a la que se deben. Por eso el buen periodismo es tan difícil de ejercer, tan valioso e incluso tan caro. Por eso se convierte en el aceite que engrasa nuestras democracias, en las que las constituciones consagran de manera muy destacada los derechos irrenunciables a la libertad de expresión e información. Todo esto, que es básico en un sistema de derechos y libertades, no rige con Xi, Putin, Erdogan, Maduro… y al parecer, y es tremendo tener que decirlo, tampoco con Sánchez.
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (Fape) representa a 17.000 periodistas y está ahora mismo presidida por un profesional que hizo el grueso de su carrera en el periódico prosocialista El País. Esa organización, la mayor del gremio, acaba de emitir un contundente comunicado, donde advierte que mientras los españoles se dispersan en su asueto agosteño, su Gobierno se propone «resucitar la censura y limitar la libertad de expresión» mediante la nueva Ley de Secretos oficiales. La norma pretende sancionar con multas de hasta tres millones de euros la publicación de información confidencial, clasificada o restringida. Se prohibirá divulgar noticias sobre la vida pública cuya aparición pueda suponer una amenaza o un perjuicio para los intereses de España. ¿Cuál es el truco? Pues es evidente: el propio Ejecutivo será quien decida cuáles son las materias que deben ser salvaguardadas so pena de multazo. Le bastará con declarar secretas sus vergüenzas para castigar a los periodistas que osen a contarlas.
Sánchez prepara el retorno de la censura. Lo hace además por trámite de urgencia y en la traición del sopor estival, cuando la nueva norma suple a una de hace 45 años, ergo no existe prisa alguna. Con una ley como la del Gobierno de socialistas y comunistas, informaciones como el Watergate, el caso ERE o los chanchullos que acabaron con Boris Johnson no habrían podido ver la luz. Supone por tanto un paso muy grave.
Primero asaltó la televisión pública y el CIS. Y no hicimos nada. Más tarde nos encerró con un estado de alarma abusivo (que aceptamos sin hacer nada, y que solo supimos que era ilegal más tarde, gracias a la denuncia de Vox ante el TC). Después intentó maniatar a la justicia independiente. Y no hicimos nada (fue Bruselas la que paró la maniobra). Colocó a una ministra del PSOE en la Fiscalía. Y no hicimos nada. Concedió unos indultos arbitrarios a unos golpistas antiespañoles contraviniendo al Supremo. Y no hicimos nada. Ignoró los requerimientos de Transparencia una y otra vez. Y no hicimos nada, salvo excepciones como la de Julio y Antonio Naranjo en este periódico. Ahora se propone imponer de facto la censura. ¿Tampoco vamos a hacer nada?
Nuestros derechos y libertades no han caído del cielo. Son el fruto de una batalla lenta y secular. Igual que florecieron pueden marchitarse si no se protegen. No es una broma: tenemos un gobernante con instintos autocráticos, que va dando pasos que restan al sistema su oxígeno purificador. Mientras estamos distraídos con el finde, la cañita, la jarana y el Netflix, él va levantando su cerco para tratar de perpetuarse.
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