El 18 de septiembre en Barcelona

Las quince asociaciones cívicas de Cataluña que integran la «Plataforma Escuela de Todos» han convocado una manifestación en Barcelona el próximo 18 de septiembre con el lema «El español, lengua vehicular». Siempre he defendido el ejercicio del derecho de manifestación por una causa noble y por graves razones. Ambos requisitos concurren sobradamente en esta convocatoria. Estaré, desde luego, a las 12:30 en el Arco de Triunfo de Barcelona.

Las familias que están defendiendo los derechos lingüísticos de todos los alumnos de Cataluña se han quedado en el más absoluto desamparo. Sólo está con ellas la razón y el derecho. Pero ambos están siendo pisoteados por las ignominiosas actuaciones de la Generalitat de Cataluña con la complicidad del Gobierno de la nación e incluso con la meliflua pasividad del Defensor del Pueblo.

La secuencia de los hechos reviste una especial gravedad. El poder judicial, en sus más altas instancias, ha reconocido como inconstitucional la expulsión del castellano como «lengua vehicular» en el sistema escolar de Cataluña. En aplicación de esa doctrina, y ante la rebeldía de las autoridades educativas de la Generalitat, los tribunales habían sentenciado la obligación de los centros de impartir enseñanzas en castellano en al menos un 25 por 100 del horario escolar, que es el mínimum minimorum para la efectiva presencia de una lengua que tenga carácter vehicular. Veintisiete centros escolares de Cataluña habían decidido, conforme a las resoluciones judiciales, aplicar este criterio en su programación para este curso. Eran pocos, pero el modelo podía extenderse como el aceite. Era un primer paso, aunque tímido, hacia el bilingüismo de las dos lenguas oficiales de Cataluña.

Al independentismo le entró el pánico. A su obsesión en marginar el castellano en la escuela, para lograr su sueño de un espacio público catalán monolingüe como seña de «identidad nacional», se le había abierto una grieta que podría hacer tambalear el edificio. Su reacción fue la elaboración de dos normas tramposas, una muestra más de la escandalosa degradación del Derecho por quienes detentan el poder en Cataluña. La finalidad de la primera (el Decreto Ley de 30 de mayo) era declarar «inaplicables» los «parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas» (art. 2). Muerto el perro, se acabó la rabia. Como los tribunales hablaban de porcentajes, el asunto quedaba zanjado. La segunda norma fue la ley del pasado 9 de junio, en la que, con una redacción pretendidamente oscura, se reafirmaba la condición del catalán como la lengua vehicular en las enseñanzas y en la vida del centro escolar; y se relegaba al castellano a la condición de «lengua curricular», un hallazgo terminológico destinado a confundir a los necios. Lo grave fue que el partido socialista de Cataluña (PSC) votó a favor de la norma, convirtiéndose así en cómplice del atropello que iba a implicar para los derechos lingüísticos de los habitantes de Cataluña. Con el fin de tranquilizar a los directores de los centros el DL establecía, de modo insólito, que el «Departamento competente en materia de educación asume la responsabilidad sobre la legalidad de los proyectos lingüísticos». Con tan sólo obedecer al Consejero de Educación, los directores quedaban exonerados de cualquier responsabilidad.

Y, claro, el atropello ha llegado a primeros de este mes, cuando el titular del Departamento de Enseñanza, el señor González Cambray, ha dictado unas instrucciones taxativas a los centros para desobedecer las sentencias judiciales: «No habrá ningún aula en Cataluña que aplique el 25 por 100». A los 27 centros, que estaban comenzando a aplicar este criterio, se les ha conminado a que se sumen a la rebeldía. Ni derechos lingüísticos ni atender a las demandas de las familias ni considerar la realidad sociolingüística de los colegios (muchos con amplia mayoría de alumnos de lengua materna castellana) ni ejercer la legítima autonomía ni respetar las resoluciones judiciales; nada de eso importa: se ha de imponerse la coacción en su grado más extremo.

Lo sarcástico de esta situación es que, conforme a la ley 12/2009 de 10 de junio, la vigente legislación educativa de Cataluña permite (art. 12) «impartir contenidos curriculares en alguna de las lenguas extranjeras», conforme a los «proyectos lingüísticos» que puedan adoptar los centros. Pero han de ser «lenguas extranjeras». Es decir, están permitidos en Cataluña centros bilingües inglés-catalán, francés-catalán, alemán-catalán, ¡pero están prohibidos si son español-catalán! La lengua extranjera está en mejor condición que la lengua oficial del Estado, que es la lengua materna de la mayoría de los habitantes de Cataluña. ¿No es algo aberrante y humillante?

El Gobierno ha dejado pasar los tres meses para impugnar estas normas, consintiendo la nueva rebeldía de la Generalitat. Su portavoz, la ministra Isabel Rodríguez, con gran desfachatez ha declarado: «En España se vela por el cumplimiento de las leyes y el Gobierno trabaja para que la Generalitat camine en esa dirección». La nariz de Pinocho se va extendiendo a todo el gabinete. La Generalitat sabe que puede campar a sus anchas.

¿No hay graves motivos para denunciar el desamparo de tantas familias, que ven conculcados sus derechos lingüísticos, para denunciar la degradación del Derecho en Cataluña, para defender la Constitución mancillada? Sí, hay poderosas razones para estar el día 18 en Barcelona y secundar la convocatoria de estas quince ejemplares asociaciones que están defendiendo las libertades de todos los españoles. Merecen todo nuestro apoyo.

Eugenio Nasarre es expresidente de la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados