Por qué necesitamos profesionalizar la dirección escolar

Las posiciones de dirección, en cualquier organización humana, constituyen elementos clave para el logro de su éxito o de su mejora. En el sector productivo hace mucho tiempo que se considera el liderazgo de la dirección como un factor crítico de calidad. Particularmente en el mundo de la Gestión de Calidad se admite que «la calidad se propaga de arriba a abajo» y que sin un compromiso visible de la dirección en favor de la calidad no existe posibilidad alguna de mejora.

En 1993, con ocasión de la preparación de un estudio que posteriormente serviría de base para el desarrollo –desde el Ministerio de Educación y Cultura de España– de políticas de Calidad en la Gestión en los centros educativos, efectuamos un análisis comparado sobre lo que tienen en común los buenos líderes empresariales y los buenos directores escolares. La comparación se realizó a partir de los resultados de la investigación organizacional, por un lado, y del movimiento de las escuelas eficaces, por otro. Se trataba de dos grupos de investigaciones desarrolladas de forma completamente independiente y desde ámbitos disciplinares distintos. Sin embargo, cuando se contrastaron los rasgos de comportamiento de esos dos grupos de líderes, nos encontramos con que, en lo esencial, coincidían.

La investigación sobre el liderazgo de la dirección escolar ha atraído la atención internacional de los académicos de modo que, en la actualidad, se dispone de abundantes evidencias acumuladas sobre el impacto de la calidad del liderazgo de la dirección en los resultados de los alumnos. Se considera que, después de la calidad del profesorado, es la calidad de la dirección escolar el factor más relevante de entre aquéllos sobre los que se puede actuar. Un estudio realizado por el autor, junto con las profesoras Isabel García y Eva Expósito, y publicado en 2020 en la prestigiosa revista británica Leadership and Policy in Schools, ha puesto de manifiesto, para el caso de España, que la intensidad de la asociación entre calidad del liderazgo y rendimiento escolar –medido mediante las pruebas de PISA– es de un 18,8 %; cifra que, en términos relativos, posee una apreciable magnitud. Pero, junto con la intensidad, opera también para este factor la idea de extensión, es decir, del número de alumnos que se ven afectados por la influencia del director. Por su posición en la cúspide, su influjo se propaga en cascada hasta alcanzar a todas las personas que forman parte de la organización escolar, sumándose tanto los efectos directos como los indirectos.

A la vista de la robusta evidencia empírica disponible, la mejora de la calidad de la dirección debería ser un objetivo prioritario de la política educativa española. Sin embargo, en la secuencia de las sucesivas leyes orgánicas de educación, no se le ha prestado una atención suficiente, padeciendo además esa suerte de montaña rusa que ha caracterizado la evolución de su contenido. La última ley socialista –o LOMLOE– se ha ocupado de la cuestión de la dirección escolar, pero, como era previsible, para retroceder en vez de para avanzar, en cuanto a su nivel de profesionalización. Así, por ejemplo, se han reducido las competencias del director en beneficio del Consejo Escolar del centro; se ha retrocedido a la hora de ponderar, en el proceso de selección, la importancia de los miembros profesionales –encarnados en los representantes de la administración– en favor de los representantes del centro; ha ganado peso la importancia de la elección frente a la de la selección; y, en coherencia con ello, se ha desplazado la formación prescriptiva para el ejercicio del cargo, de antes a después del proceso selectivo. Ante esta situación, no es de extrañar que la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos (FEDADI) haya declarado al respecto lo siguiente: «Constatamos con pesar, que las normativas dimanadas de la LOMLOE suponen un retroceso en el camino de la deseable profesionalización de las direcciones escolares, volviendo a fórmulas anticuadas, y que ya se han revelado poco eficaces».

Tres leyes orgánicas han contribuido, cada una a su manera, a la profesionalización de la dirección escolar: La socialista LOPEGCE (1995), introduciendo la consolidación del complemento retributivo de la dirección; la popular LOCE (2002), preservando el avance anterior e introduciendo la categoría de director como forma de reconocimiento y de capitalización del talento; y la popular LOMCE (2013) cuyos cambios han sido revertidos por la LOMLOE (2020) en la forma más arriba descrita.

A la luz de las evidencias y alejada de las ocurrencias, la elaboración de un Estatuto del director escolar -o similar- aplicable en los centros públicos, que aborde el problema de la profesionalización con un enfoque amplio e integrado y que, por su elevada calidad, pudiera servir de inspiración para los centros privados y concertados, debería tomarse en consideración como una política prioritaria, a fin de hacer de la dirección escolar un eficaz instrumento de mejora de nuestro sistema educativo.

Francisco López Rupérez es director de la Cátedra de Políticas Educativas de la UCJC y expresidente del Consejo Escolar del Estado