Asalto al poder judicial

Ni el músculo duerme ni la ambición descansa. Cuando todavía no nos hemos repuesto del peregrino frenesí antifranquista del que dice ser y llamarse presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, éste, a través de su partido y de su escudero, el servicial Patxi López, acaba de indignarnos con la más que furtiva presentación unilateral de una Proposición de Ley, una más, escapando así de todos los controles y garantías que supondría la tramitación de un Proyecto de Ley, cosa que sería normal si los españoles dispusiéramos de un Gobierno normal.

El mismo título de la arbitraria Proposición es ya motivo justificado de irritación a ojos de cualquier ciudadano medianamente informado, y, desde luego, para cualquier jurista despejado: «Proposición de Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas» (¡sic!). El autor estará descansado.

Nuestro autócrata casero, Pedro Sánchez, lleva mucho tiempo faltando el respeto a los ciudadanos, engañándoles, algo inaudito en un demócrata. Sabemos que arde en deseos de hacerse con la Justicia y sus servidores, los miembros de la Carrera Judicial, siendo así que el talante propio de un demócrata sería el respeto a la división de poderes y a la independencia de los jueces. Es lo que se espera de un gobernante del Estado de derecho, como ordena nuestra Constitución. Sin embargo, Pedro Sánchez, y el partido a sus órdenes, el PSOE, ni lo respetan ni la cumplen.

De aprobarse, se trata de una reforma legislativa de calado en el ámbito de los derechos fundamentales. En particular, en el proceso judicial. Ahí es nada. Restringir, cuando no impedir, el acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia, clara finalidad de la Proposición de Ley, siendo una indudable aberración jurídico-política en un Estado democrático, coincide sospechosamente en el momento en que Sánchez tiene imputados a familiares directos y a altos cargos del Estado. No es muy presentable la reforma. Y menos que se pretenda justificarla en reforzar las garantías procesales del justiciable, en fortalecer la independencia e imparcialidad de los jueces y en asear la interposición de acciones judiciales. ¿Quién se puede creer metas tan loables viniendo del taimado y sinuoso proceder habitual del presidente?

Por otra parte, podemos preguntarnos con toda razón ¿cómo el Legislador puede penetrar, tijera en mano, en el terreno del artículo 125 de la Constitución, precepto que proclama y abre la Administración de Justicia a la participación de los ciudadanos como derecho? El propósito del Gobierno resulta todavía más patente y rechazable si nos atenemos a lo que quiere obligar su disposición transitoria única: «Las modificaciones realizadas […] serán de aplicación a los procesos en curso…». Es toda una declaración de intenciones. La reforma se aplicaría, y beneficiaría, a todos los actuales imputados relacionados con el sanchismo. Nos recuerda los indultos de los separatistas catalanes, la indecente revisión por el TC de las sentencias de los condenados por los ERE, y, cómo no, la impunidad –¿frustrada?– para Puigdemont y compañía. Un manto de impunidad se extiende sobre todo imputado por corrupción (u otras figuras delictivas) a quien Sánchez quiere salvar de una más que previsible condena. La desvergüenza política de nuestro Maduro llega a eso, y puede que a más. Presentan la reforma como un reforzamiento de las garantías procesales, ¡con apoyo en la CE, alegan!, cuando se trata de urdir impunidad y escapatoria a los secuaces de Sánchez.

Hace tiempo que Sánchez cree (quizá lo ha creído siempre) que el Estado de derecho y la democracia están hechos de plastilina y admiten manoseo y modelación al gusto. Estamos padeciendo un tiempo de políticos y gobernantes que proponen y cometen las mayores aberraciones en materia jurídica y política y todo sigue igual. Apenas hay voces discrepantes. Desde luego, sorprende que el pueblo no reaccione, que siga con su rutina, votándoles, tirado del ronzal de una política económica engañosa, y adormilado por la propaganda y estrategia de dirección política que lleva el sello de los tropecientos asesores de Moncloa.

Restringir o impedir la interposición de la acción popular no es una reforma ampliatoria de derechos. Y si se presentan acciones «abusivas» (según nomenclatura gubernamental) eso lo tienen que decidir los jueces, que cuentan con mecanismos legales reaccionales y con tipos penales que garantizan la limpieza del proceso. La reforma, por tanto, huele a defensa de intereses personales, familiares y partidistas, todo ello incompatible con la ética pública que debe presidir la acción del gobernante demócrata. ¿Qué dirían los grandes maestros del Derecho Procesal como Chiovenda, Carnelutti, Calamandrei, o el entrañable Couture, o los españoles Alcalá-Zamora, Gimeno Sendra, Morón Palomino o el actual González Montes? ¡Qué triste es todo esto!

• José Torné-Dombidau y Jiménez es presidente del Foro para la Concordia Civil