Un gobierno mafia precisa delincuentes para 'autoamnistiarse'

Al comprar la investidura a cambio de amnistiar al prófugo Puigdemont, era inevitable que Pedro Sánchez se convirtiera, si es que no lo era antes de perpetrar aquel agio máximo, en un fugitivo del Estado de derecho para hacer, prevaliéndose de su alta encomienda, un uso espurio de las leyes y que sus fechorías fueran impunes como las de sus sosias. Como versificó Clarín, «árbol que crece torcido/ tarde su tronco endereza/ pues hace naturaleza/ del vicio con que ha nacido».

Pero enderezar a Sánchez es un afán vano en tanto ve corporizarse el fantasma de su imputación que recorre las estancias monclovitas de forma tan real como se encaminan al banquillo su familia y su guardia de corps en el PSOE. Aunque se bunkerice en la Moncloa como Hitler en el hundimiento del nazismo u otros regímenes en fase crepuscular como el franquista con Girón de Velasco y sus 40 de Ayete, Sánchez no puede albergar esperanzas de que escampe. El problema no es la lluvia que arrecia, sino en el lodo que fluye bajo sus pies proveniente de la «Moncloaca».

Cada movimiento que hace lo hunde más y lo deja evidencia incluso ante la Comisión Europea que, en sus alegaciones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tilda su amnistía a Puigdemont de «autoamnistía» contraria al Derecho al vulnerar el interés general por responder a su particular conveniencia por atornillarse a la Moncloa a cualquier precio. Algo que ya explicitó el Tribunal Supremo contra su previo «autoindulto» a los sediciosos. Ello sitúa entre la espada y la pared a la mayoría sanchista del Tribunal Constitucional, donde su camarlengo Pumpido, al servicio de quien le paga y coloca a su parentela, aplica la máxima del jurisconsulto alemán Julius von Kirchmann de que bastan «tres palabras del legislador para destruir bibliotecas enteras». Con gran desvergüenza, “Casa Pumpido acelera el plácet antes de que se pronuncie el TJUE dándose las prisas del nada Gallardo por aforarse y darle esquinazo a la juez Biedma tras imputarlo junto al hermanísimo de Sánchez.

Después de encenagarse la túnica de fiscal general con Zapatero y sus tratos con ETA, Pumpido tiene un gran discípulo en «don Álvaro o la fuerza del sino», encausado por los mismos delitos —violación del secreto judicial y vulneración del derecho de defensa— que sacaron de la carrera judicial a Garzón y empleadas por ambos para finiquitar rivales de Zapatero y Sánchez. No extraña que, siendo «uno de los nuestros», la ministra Redondo le coja de la mano y le ofrezca compartir «cenita» para «todo lo que necesites, ¿eh?». ¡Qué mejor retrato del concubinato de poderes!

En este «septenio negro», Sánchez consuma lo que negó en el mitin sevillano de 2016. Allí se burló de que la prioridad de su pronto «extraño compañero de cama», Pablo Iglesias, fuera someter a jueces, fiscales, espías y policías. «Se decía —le mentía aquel junio a la radiofonista Pepa Bueno y luego directora de El País— que yo iba a vender mi alma para ser presidente y que iba a aceptar el chantaje de Iglesias, cargándonos la independencia de los jueces y fiscales, que íbamos a hacer descansar la gobernabilidad en las fuerzas independentistas…». Hoy promueve el lawfare contra jueces y fiscales que, en legítima defensa, pararán este miércoles contra un Ejecutivo que busca laminar la división de poderes para ponerlos bajo la férula sanchista.

A la vista queda que un Gobierno mafia requiere delincuentes para blindar su impunidad y, en último extremo, para «autoamnistiarlos». ¿Qué se podía esperar de García Ortiz, sin currículo ni prestigio habilitante para tan alta función, tras refrendarlo Sánchez luego de que el Consejo del Poder Judicial lo declarara «inidóneo» y el Tribunal Supremo lo culpara de «desviación de poder»? Al lanzar en TVE su velado chantaje de que «los fiscales manejamos material muy sensible e información de sobra que, por supuesto, no voy a usar jamás para insinuar o para filtrar de cualquier manera», para luego borrar pruebas, se incriminó de facto, si es que el fiscal chivato no dio aviso al servicio de fontanería sanchista. Sabedor de presuntos delitos, pudo incurrir en prevaricación si no los persiguió de oficio.

Al sostenerlo tras emplazarse juicio por parte del instructor Ángel Hurtado contra él y contra la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, 'Lady Cianuro', por revelar secretos siguiendo instrucciones de la Presidencia del Gobierno, cualquiera deduciría que Sánchez blande a García Ortiz como paradigma de que el jefe no abandona a sus sicarios y menos a un fiel doméstico que supedita sus deberes en pro de quien corona un Éverest de escándalos. Ortiz emula a su colega italiano Pizzillo cuando, en el ‘caso Spatola’ (una red de tráfico de drogas entre Palermo y Nueva York), reprendió a su subordinado siciliano Chinnici, quien luego sería asesinado: «¿Qué os creéis que hacéis en el Juzgado? (…) Al Falcone ese me lo cargas de juicios. Así hará lo que tiene que hacer un juez de instrucción. Nada. ¿Entendido, Chinnici?»

En realidad, dado como sacrifica en su provecho a todo quisque, Sánchez se vale del primer fiscal general encausado de la Historia tanto como escudo contra el Supremo como «kamikaze» contra su Sala II que puede hacer con él lo que con su pretor togado. Aparácensele los fantasmas que atormentaban a Macbeth una vez que la codicia le empujó a asesinar al rey de Escocia pensando que «un poco de agua nos lavará de esta acción». En suma, por tratar de «ganar el relato» contra una rival y desviar la atención contra la corrupción que le acecha, Sánchez se juega la Moncloa que asaltó con un golpista prófugo y con un jefe etarra. Como significó el gran liberal austriaco Ludwig von Mises, no hay amenaza más peligrosa que un gobierno de incompetentes, corruptos u hombres viles que desbaratan el Estado de derecho y manipulan la verdad para implantar su despotismo.