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En primera líneaEmilio Contreras

No, todos no

Quieren tapar sus escándalos de corrupción haciendo creer que siempre la hubo, desde la Transición. Pero la corrupción llegó después. En aquellos tiempos la política era otra cosa, nada que ver con el lodazal actual

Actualizada 01:30

Desde que conocimos el informe de la UCO sobre Cerdán y Ábalos, hace unas semanas, anda corriendo por los medios de comunicación afines a Pedro Sánchez la especie de que la corrupción es un mal que lastra a todos los gobiernos desde los años de la Transición. Con este argumento falaz pretenden enlodar a todos los partidos que han gobernado España desde 1977, y presentar la corrupción como una lacra inmanente al sistema democrático entonces restaurado. Esta estrategia tiene como objetivo diluir y enmascarar los escándalos de las últimas semanas en un supuesto mal endémico de la clase política española, y excusar así a los dirigentes del PSOE cercados por la Justicia. Es la estrategia del calamar, que cuando se ve en peligro suelta la tinta que todo lo oculta y trata de escabullirse.

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El Debate (asistido por IA)

Pero es rotundamente falso que la corrupción sea la compañera de viaje de todos los gobiernos de la democracia española desde su restauración hace 48 años. Y los hechos son evidentes.

En los seis años y cinco meses que gobernaron Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo con UCD no hubo ni un solo caso de corrupción; ni menor ni mediano ni mayor; ninguno. Pudieron cometer errores y se puede discrepar de su acción política, pero entre el 3 de julio de 1976 y el 2 de diciembre de 1982 no hubo ni un solo caso de corrupción en el Gobierno de España ni en el partido que lo sustentó. Los dos presidentes y todos los que tuvieron responsabilidades políticas mantuvieron un comportamiento honrado. Y cuando salieron del gobierno lo hicieron desnudos de dinero conseguido con las malas artes de la corrupción. Ahí están las hemerotecas y los archivos de los juzgados como prueba de que lo que estoy diciendo es cierto.

Es más, algunos dirigentes políticos con altas responsabilidades tuvieron un comportamiento ejemplar. Pondré sólo unos ejemplos que son reflejo de lo que entonces ocurrió.

Aurelio Delgado Martín, amigo de Suárez desde los primeros años de juventud y luego cuñado suyo, fue su hombre de confianza en la Moncloa y quien desde el primer momento se ocupó de los fondos de la Presidencia del Gobierno. En los primeros meses de la Transición se recibieron aportaciones económicas de gobernantes amigos, especialmente de los países productores de petróleo, para ayudar a la puesta en marcha de la democracia, financiando partidos, no sólo UCD, y entidades de la sociedad civil.

Fueron diez millones de dólares que llegaron por conductos no oficiales, porque las leyes aún vigentes del régimen anterior no contemplaban la existencia de partidos. Fue una financiación extra legem. Aurelio Delgado entregaba el dinero a las personas en la cuantía que le indicaba el presidente del Gobierno, y siempre exigía la firma de un recibo como documento de autocontrol. Cuando aquello terminó, la cuenta no cuadró en tres mil dólares, contaba Aurelio con un gesto de contrariedad. En los años siguientes avaló, como hicieron otros colaboradores de Suárez, los créditos para las campañas electorales de su partido. Y cuando en 1983 se hundió UCD, Banesto le embargó su casa del Paseo de Don Carmelo en Ávila. Quince días antes de la subasta pactó el aplazamiento con un abogado de los servicios jurídicos del banco, sorprendido de que alguien que había estado en la cumbre del poder durante casi cinco años se encontrara en esa situación.

José Luis Álvarez fue notario de Madrid a los 26 años. En 1978, tras ser nombrado alcalde de la ciudad, tuvo que dejar provisionalmente la notaría, que el año anterior había sido la octava en facturación de toda la provincia. Fue también ministro de Agricultura, de Transportes y diputado. Tras abandonar la actividad política, se reincorporó a su función notarial, y ese año su notaría fue la número 87 en facturación; algún dinero dejó de ganar en ese tiempo. Pidió, además, una inspección voluntaria a la Agencia Tributaria de los años que había sido alcalde y ministro; duró tres años y medio y no encontraron nada.

Álvaro Alonso-Castrillo, letrado del Consejo de Estado y ex alto cargo de UCD, estuvo durante 30 años pagando a la banca de su bolsillo un crédito electoral —más los intereses— que había pedido el partido para las campañas electorales y que él había avalado personalmente.

Y el propio Adolfo Suárez tuvo que vender su casa de Palma para pagar los tratamientos médicos de su mujer y su hija mayor en busca de una imposible curación.

La corrupción vino después con casos que todos recordamos, y muy altos responsables políticos acabaron en la cárcel. Pero cometería el mismo acto de sectarismo que critico en este artículo si vertiera una descalificación global sobre toda la clase política de esos años porque, con independencia de que se comparta o no su ideología y su gestión, hubo mucha gente honrada en uno y otro partido.

Tratar de esconder los escándalos de corrupción que se están descubriendo con la descalificación de nuestro pasado democrático es una estrategia de comunicación mezquina. Quieren incluir los años de la Transición y presentar la democracia como un campo de lodo contaminado por la corrupción desde el primer momento. Inventan una falsedad cargada de impudicia y deshonestidad sobre un pasado limpio de nuestra historia. Y lo hacen como coartada para protegerse de la legítima indignación de los ciudadanos por el espectáculo de corrupción que estamos viendo.

Dicen que en todos los gobiernos ha habido corrupción. No, en todos no.

  • Emilio Contreras es periodista
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