Cornudos y apaleados
El Gobierno —o, mejor dicho, peor, el Estado— ha prestado una ayuda fallida, tardía, torpe e inconclusa. Sería muy raro que, rompiendo su querencia, se revelase eficaz de pronto
Se escuchan tambores lejanos de una inminente crisis económica. Hay indicios preocupantes, leves temblores sistémicos en Europa que los sismógrafos más atentos registran con alarma. Yo no entiendo de macroeconomía, tengo mis prevenciones contra el catastrofismo y sé que los economistas suelen ser mejores maestros a toro pasado. Oigo, pues, en respetuoso y distante silencio. Pero algo sí me sobrecoge.
La seguridad aplastante de que, si un crack nos sobreviene, el Gobierno no hará nada para amparar a la población ni para reflotar la economía. No es profecía, sino proyección. Ante todas las grandes catástrofes (volcanes, danas, incendios, trenes, apagones), el Gobierno —o, mejor dicho, peor, el Estado— ha prestado una ayuda fallida, tardía, torpe e inconclusa. Sería muy raro que, rompiendo su querencia, se revelase eficaz de pronto. Más aún si se trata de un reto económico de proporciones mundiales.
Como ya digo, no tengo todas conmigo de que los peores augurios vayan a materializarse, así que me permito la tranquilidad de indignarme por el fallo estructural. Especialmente lacerante para quienes amamos el principio de subsidiariedad que defiende la Doctrina Social de la Iglesia, tan bien explicado por Chantal Delsol. Este principio sostiene que lo que puede hacer bien una persona o una comunidad pequeña (como la familia, el municipio o la región) no debe ser asumido por instancias superiores (como el Estado, la Unión Europea o la ONU). Su fin es defender la libertad y la responsabilidad de las personas y de las comunidades, evitando el intervencionismo excesivo y la consiguiente pasividad social. El profesor Domingo González muestra en su espléndido libro Soberanismos cómo la subsidiariedad es uno de los ejes que permitirían salvar la crisis de las soberanías modernas y reconectar con la verdadera tradición política europea, la que nos hizo grandes y libres.
Pero vivimos en abierta subversión de la subsidiariedad. Por un lado, como vemos y tememos, la Administración es incapaz de solucionar aquellos problemas que superan las capacidades de las instancias inferiores. El papel que, en buena política, le corresponde, no lo cumple. Y eso es muy malo, pues bien caro nos cuesta. Pero es que, encima, interviene, regula, multa y deforma incesantemente aquellos ámbitos en los que el individuo, la familia, las asociaciones civiles o las comunidades pequeñas pueden actuar libre y responsablemente por su cuenta y riesgo. El resultado es que no solamente nos vemos abandonados cuando se necesita la asistencia, sino que, mientras tanto, antes y después, nuestras actividades cotidianas son manoseadas y constantemente entorpecidas desde arriba.
De ahí nace un círculo vicioso. La incapacidad estatal es causa y consecuencia de la subsidiariedad soliviantada. Como el poder se sabe —con mala conciencia— incapaz de lo suyo, se vuelca sobre lo nuestro. Necesita que parezca que hace algo para justificar así sus sueldos y nuestros impuestos. Al intervenir tanto en lo minúsculo, pierde músculo y concentración para lo que debería tener, y, a la vez, nos agota y distrae de lo que es o era nuestro ámbito de competencia o incluso de soberanía. La ininterrumpida intervención nos deja exhaustos y hace que el Estado descienda a niveles cada vez más bajos de asistencia, provocando un desgaste mayor de su fuerza y una sociedad cada vez más inerme, yonqui del subsidio. El círculo gira, además, a velocidades de vértigo.
Estamos atrapados en una dinámica exactamente inversa a la que propone la Doctrina Social, la mejor tradición europea, el pensamiento político que va de Santo Tomás a Vázquez de Mella, pasando por la Escuela de Salamanca y hasta el calvinista Johannes Althusius. Ni podemos esperar una ayuda eficaz del Estado cuando la necesitemos ni nos dejará tranquilos cuando no la necesitemos. Cornudos y apaleados, como vulgarmente se dice.
