Noelia

El titular del editorial de El País resume la cosmovisión de ese espectro ideológico: «La muerte digna de Noelia Castillo». El posicionamiento rotundo quedaba rematado con un leve desarrollo, igual de elocuente: «Los intentos de obstruir por la vía judicial el derecho a la eutanasia de la joven no han hecho más que prolongar su sufrimiento».

Argumentos similares, de evidente simpleza y con una sorprendente ausencia de todo margen a la duda, se han venido repitiendo entre los defensores de la eutanasia en general, sin matiz conocido para un caso particular que, como poco, rompe la idea extendida, pero equivocada, sobre la naturaleza de este «derecho» que apenas aplican siete u ocho países en todo el mundo.

La inmensa mayoría que lo respalda piensa en un familiar agonizante, con la vida a punto de terminar, sin otro anhelo ya que despedirse sin sufrir. Es decir, quiere cuidados paliativos y cree que en eso consiste la eutanasia, entre otras cosas por la impúdica falta de debate público y de valentía para sacarles del error: la eutanasia es el «derecho a morir», un concepto que al asumirse acaba ampliándose a cualquier circunstancia, por mucho que la ley tase los casos de aplicación legal.

Porque si se asume ese derecho, ¿quiénes somos para negarle sus razones a quienes lo invoquen? Si simplemente no se tiene ganas de vivir, por la razón que sea, ¿no es acaso suficiente para recibir desde el Estado la piadosa inyección que acabe con el sufrimiento?

Incluso quienes han insistido hasta ahora en la idea de que esta ley está reservada para casos excepcionales, con enfermedades o lesiones paralizantes y una expectativa de vida terminal o incompatible con la autonomía más elemental, tendrán que reconocer que la muerte de Noelia desmonta su relato y que, en realidad, un sufrimiento psicológico es suficiente para acabar muriendo antes de tiempo.

Noelia no tenía nada que anunciara su inminente muerte, pero lo único que el Estado le ha ofrecido es un pinchazo, apelando a su hegemónica decisión personal, como si ésta no estuviera condicionada por un montón de factores que o son reversibles o, en una sociedad decente, debemos intentar que lo sean.

Todo se resume en dos preguntas. ¿Se hubiera matado Noelia de ser feliz, tras una vida horrible que la pobre no se merecía? Y si la respuesta es negativa, hay que hacerse la segunda: ¿Qué le ha ofrecido el Estado para que cambien sus circunstancias y por tanto su decisión? Nadie decente, más allá de su ideología o sus creencias, puede dejar de hacerse a sí mismo esas dos preguntas ni de responderlas sinceramente.

Porque si a Noelia se le apagaron las ganas de vivir sus circunstancias personales y mentales, y no unas patologías letales, irreversibles y de efecto inmediato, una sociedad decente hubiera antepuesto las ganas de devolvérselas a la concesión de su última voluntad: tenía otras, seguramente, o no tenía ya ninguna, tal vez, pero en ambos casos la respuesta fue la misma. Una inyección y un ataúd, con 25 añitos.

Sorprende e indigna que los mismos que aseguran que ninguna mujer sería prostituta si tuviera alternativa no apliquen esa misma reflexión al aborto y, no digamos, la eutanasia. ¿Alguien renunciaría a su bebé de poder criarlo sin agobios, con cierto confort y sin perder nada de lo que tenía? ¿Y alguien sano, en términos razonables dentro de la gravedad, se quitaría la vida si le ofrecieran una mejor?

Con que solo una persona declinara cualquiera de los dos «derechos», presentados por tantos como una bendición humanitaria con infinita inhumanidad, sería suficiente para discutir abiertamente sobre ellos, con la humanidad que tan a menudo les falta a las burdas batallas sectarias que acompañan a los grandes dilemas de nuestro tiempo. Un beso Noelia y, en la parte que me toca, perdóname.