¿Para qué quiere Sánchez el CIS, RTVE, Telefónica e Indra?

Quizá tuviera difícil encaje que el presidente de una compañía cotizada y con participación pública impulsara la compra de su propia empresa por un valor que, a ojos vista, resultaba inmenso y no sabemos si justificado o no. Pero no ha sido una reflexión técnica, jurídica o ética la que ha provocado, por segunda vez en pocos meses, la caciquil intervención política de La Moncloa en una firma tan relevante como Indra.

Allí estaba de presidente Ángel Escribano, propietario junto a su hermano de una empresa con su apellido que, además de ser accionista de referencia de Indra, es de las mejores en lo suyo. Y nada de eso pesó cuando, con el plácet de Pedro Sánchez, fue elevado al primer cargo ejecutivo de la sociedad llamada a encabezar al sector en un momento crucial para el sector armamentístico y tecnológico..

Las contraindicaciones que se hayan detectado ahora, sean o no de peso y hay argumentos sobrados para sostener lo uno y lo contrario, ya existían cuando Sánchez aceptó la designación del mayor de los hermanos Escribano y desplazó a su predecesor, el socialista Marc Murtra, a la presidencia de Telefónica. Y no se les dio importancia.

Si antes no importaba, ahora tampoco, lo que convierte la razón alegada en una burda excusa y desvela el verdadero objetivo: poner al frente a a alguien dócil, obediente, leal a las instrucciones que reciba y alineado con las intenciones políticas que tenga este aprendiz refinado de Chávez, gran colonizador de las empresas venezolanas en todos los sectores estratégicos, con el resultado por todos conocido: empobrecimiento general del país, enriquecimiento pornográfico de los elegidos y utilización de esos recursos para consolidar un régimen perverso.

De Sánchez no hay ya dudas de que juega a lo mismo, con un descaro insólito y una falta de pudor incompatible con las normas y costumbres de una democracia: nombrar a un comisario para que, desde La Moncloa, ejerza de verdadero poder económico del Gobierno sin someterse a otro control que el del propio presidente; situar a adeptos sumisos en empresas y organismos públicos como el CIS, RTVE, Correos o Redeia entre tantos otros y, finalmente, citar en el despacho contiguo al de Sánchez a los máximos directivos de compañías tan potentes como Telefónica o Indra para destituirles con una opacidad escandalosa y una chulería indecente.

Utilizar el dinero de todos para invertir en grandes empresas y a continuación poner al frente a seguidores es, en sí mismo, un bochorno con escasos precedentes en cualquier democracia europea. Hacerlo con un despliegue de poder para que, además de conseguir el objetivo, quede claro el mensaje, es directamente incompatible con la dignidad exigible a un presidente, agravado todo por la evidencia de que el actual no ha ganado en las urnas, no tiene mayoría en el Parlamento y es incapaz de presentar y no digamos aprobar unos Presupuestos en toda una legislatura.

Pero si todo ello es intolerable, aún hay algo más preocupante: intuir a qué se debe esa estrepitosa injerencia endémica y temerse lo peor. Porque, de un modo u otro, todos los asaltos conducen a un mismo camino: el de subordinar y sincronizar a toda aquella empresa que, con más intensidad o menos, participan en la conformación de la opinión pública y forman parte en consecuencia del proceso electoral.

Sin llegar a conclusiones precipitadas, sí cabe hacerse una pregunta escalofriante: ¿Para qué quiere Sánchez controlar al ente que poyecta sondeos electorales, al que cuenta las noticias, al que tutela las comunicaciones de la mayoría de los españoles y al que traslada el recuento de los votos en las urnas? La respuesta no puede ser nunca un simple «no es lo que parece», especialmente con un político alocado que siempre ha confirmado los peores presagios que pesaban sobre él.