De hijos, nietos y regularizados
España no tiene ninguna política de Estado ante el principal desafío de nuestro siglo. Para abordarlo necesitaríamos verdaderos estadistas y no frívolos de pancarta movidos por el único resorte de su supervivencia política
En lo de la regularización de inmigrantes y la mal llamada ley –no es una ley– de nietos, nada importa ya la base justa de la que ambos proyectos partieron. Con Pedro Sánchez como actor principal, las sospechas son más que justificadas. Qué digo: son ineludibles y las iniciativas para esclarecer sus intenciones, absolutamente necesarias. Pero sin demagogias:
Regularización. En 2021 se presenta una propuesta liderada por la Iglesia, con el apoyo de la patronal y los sindicatos, que da carta de naturaleza a medio millón de trabajadores extranjeros en España, llegados irregularmente –y no precisamente en cayuco, sino por el aeropuerto de Barajas– que trabajaban sin papeles, pese a contar la mayoría con un arraigo acreditado de años. Finalmente, el Gobierno ni siquiera esperó a consensuar la norma y la coló por vía de un real decreto que eludió el escrutinio parlamentario. No solo escamoteó el debate al Congreso, sino a las instituciones europeas. Mientras nuestros socios –con la Italia de Meloni a la cabeza, pero también con países nórdicos como Dinamarca de abanderados– aprueban leyes que incluyen cláusulas de salvaguarda para evitar que las ayudas públicas se vayan masivamente a los extranjeros entrados de matute –la misma filosofía que aquí la izquierda englobaría despectivamente en «la prioridad nacional» que defiende Vox–, Sánchez ha colado miles de expedientes y propiciado que los funcionarios hagan la vista gorda. Es decir, lo que comenzó en su origen como un intento de arreglar por justicia y humanidad la situación de 500.000 inmigrantes se ha convertido en un coladero con solicitudes indocumentadas que ya superan largamente el millón de expedientes.
Y siguen creciendo las cifras gracias a que las mafias ofrecen a los irregulares viajes, papeles y citas para aprovechar la legalización masiva del gobierno. Incluso los últimos días del recién terminado junio se admitieron expedientes incompletos con la idea de subsanarlos sobre la marcha. Es decir, el proceso le ha explotado en las manos a Pedro, que, a la postre, no buscaba hacer justicia, sino dividir a la sociedad y usar como un arma política un asunto que requiere de un caudal de responsabilidad a la que es refractario este presidente. Ahora, el Tribunal Supremo se plantea presentar una cuestión prejudicial ante Europa por la improcedencia de la regularización extraordinaria y su colisión con el derecho comunitario. Y en la UE, nuestros aliados ponen el grito en el cielo por el efecto llamada que, según el presidente del grupo popular europeo, Manfred Weber, tendrá derivadas en el resto de la Unión, de la que España es puerta de entrada. Angela Merkel hizo algo parecido con los refugiados sirios y Alemania está pagando las consecuencias. Aquí el sistema de inmigración ordinario ya funcionaba sin este dislate y apuntaba a una situación insostenible para el sistema: en 2024 España aprobó casi 1,47 millones de autorizaciones de residencia, más del doble que cinco años antes. A Sánchez no le importa un asunto nuclear que debería ser innegociable: regularizar no solo consiste en dar autorizaciones, sino en que las personas que son legalizadas puedan ser incorporadas al mercado laboral, al sistema sanitario, al educativo y a los servicios sociales. Todo ha sido improvisado; el objetivo era atizar la polarización. Alzar banderas baratas para tapar la corrupción.
Ley de nietos. La segunda pata de esta polémica buscada no es menor. Primero, Sánchez pacta con Bildu una ley de memoria democrática en 2022 que pone en manos de los herederos de los asesinos nuestro patrimonio moral. Ya el oprobio es en sí mismo insoportable. Pero es que, además, saca del cajón, en una disposición transitoria que elabora la hermana del ministro Puente, que esa norma permita nacionalizar a los nietos de los exiliados del franquismo, para mantener vivo ese «guerracivilismo», que aglutina a las excrecencias que respaldaron su investidura. Luego también a los bisnietos, y ya no solo a los expatriados por razones teóricamente ideológicas, sino también a los que se fueron buscando mejores oportunidades laborales. Todo ello cuando se acercan unas elecciones generales y se disparan las dudas de si no hay detrás la necesidad de incrementar el voto exterior socialista –comprobado que en las cuatro autonómicas que el PSOE ha perdido en el interior, el voto CERA no le ha ido mal–, abriendo a más de dos millones de nuevos votantes –ajenos la mayoría a España– el cuerpo electoral. También aquí se persigue enfadar a la derecha para incentivar el voto de la izquierda, que en masa ha abandonado a Sánchez tras la charca de corrupción que le rodea.
Resultado: España no tiene ninguna política de Estado ante el principal desafío de nuestro siglo. Para abordarlo necesitaríamos verdaderos estadistas y no frívolos de pancarta movidos por el único resorte de su supervivencia política. Mientras el miedo a la propia identidad cultural o la percepción de mayor inseguridad en las calles es un hecho en las sociedades occidentales, aquí nos movemos entre el buenismo irresponsable de la izquierda y la paranoia de algunas fuerzas de la oposición. Conviene aplicar el sentido común ante un debate complejísimo. Demasiado para la grey que se sienta en el Congreso.
