El Estado contra el Estado

Érase una vez un país en el que la directora de uno de los más importantes Cuerpos de Seguridad del Estado y su jefe adjunto operativo (DAO), el agente que más manda en la Guardia Civil, son imputados por cometer delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia. Los dos altos responsables mintieron, según la Fiscalía Anticorrupción, y ocultaron deliberadamente información a la Policía Judicial, el cuerpo de élite que está a las órdenes de los jueces instructores para esclarecer delitos. Es más, ambos altos servidores –o lo que sean– de esa nación formaron parte de un entramado diseñado para presionar e incluso asustar a los profesionales de la Unidad Central Operativa (UCO) que se encargaban de indagar sobre las causas más duras contra el gobierno. Les intimidaron, según Anticorrupción, aunque, afortunadamente, con muy poco éxito. A la vista está.

Esa directora general –María de las Mercedes González Fernández se llama y es íntima del presidente Pedro Sánchez, además de exdiputada socialista– mintió con soltura al asegurar ante dos mandos de la UCO que no conocía a Leire Díez, una estrafalaria fontanera del partido en el que militan ambas, pese a que las dos habían mantenido tres citas en los alrededores de la sede de la Dirección General, como adelantó El Debate hace un año y el Gobierno desmintió con gran desvergüenza. Ese mismo embuste lo sostuvo la jefa del Instituto Armado en un encuentro en el que, mientras operaba en el lado oscuro, iba a mostrar su apoyo a los investigadores que estaban siendo perseguidos por las cloacas del PSOE, con el fin de desacreditarlos y de que dejaran de perseguir los delitos. Es decir, la directora general ponía una vela a Dios y otra al diablo. La del diablo la encendía al alimón con Leire. Eran tan buenas colegas que la responsable de la Benemérita aprovechó su puesto para coadyuvar a los fines de la organización criminal, según el Ministerio Público, de la presunta periodista, un entramado en el que hocicaban Leire y Santos Cerdán. Ese grupo para el crimen se había marcado el objetivo de entorpecer las indagaciones que pudieran afectar al presidente del Gobierno y a sus familiares. La que debía apoyar a los funcionarios que trabajaban en arrojar luz en esos casos, en el fondo los intentaba neutralizar coordinadamente con su compañera de fechorías. Así lo sostienen los investigadores.

Los tres encuentros de la directora general y la fontanera eran secretos y por eso no se los contó a la UCO. Todo ello mientras la Jefatura de Información de la Guardia Civil había elaborado una nota de despacho que describía la existencia de una «agresiva campaña de desinformación de las cloacas del PSOE para destruir la credibilidad de la UCO». ¿Qué hacían desde dentro los jefes de los agentes, según la Justicia? Ponerles una contravigilancia para conocer sus pasos mientras averiguaban detalles de la corrupción socialista. La complicidad de la directora general y su DAO, el teniente general Manuel Llamas, cristalizó en la apertura de expedientes informativos contra miembros de la UCO con la excusa de que habían filtrado a la prensa conversaciones del presidente y José Luis Ábalos, sabiendo que probablemente fue el exministro y hoy reo de Soto del Real el que filtró las citadas comunicaciones para demostrar que Pedro Sánchez seguía apoyándole incluso después de haberle relevado. La Fiscalía cree que la apertura de esos expedientes reservados contra guardias civiles que exploran casos sensibles para Moncloa, buscaba intimidarlos, que cerraran la boca, que dejaran de hacer. Así, tanto la directora general como el DAO habrían utilizado reiteradamente su potestad disciplinaria como mecanismo de presión sobre los policías.

Pues bien, ese país que acaba de describirse existe y los dos imputados siguen en su cargo, gracias al ministro Marlaska, reprobado cuatro veces, y a Sánchez. Es España. La España que gobiernan unos indecentes tiene a la mitad de su argamasa legal contra la otra mitad. Guardias civiles que investigan a la orden de un juez son seguidos por otros, mandatados por sus superiores para torpedear su trabajo, que está molestando al One. Después de ver sentado en el banquillo y condenado al fiscal general por cometer un delito de revelación de secretos –él, que prometió perseguirlos–, ahora solo nos quedaba asistir a la imputación de la jefa de una de las más nucleares fuerzas del Estado en defensa de nuestra libertad y seguridad por obstaculizar la acción de la Justicia. Veinticinco imputados de la SEPI, sumarios, expresidentes con joyas escondidas y acusados de siete delitos, ministros con 25 años de cárcel, familiares del presidente a punto de sentarse en el banquillo… El Estado contra el Estado. Y, mientras, la oposición es perfectamente mejorable.

El 16 de julio ambos han sido citados por el instructor Santiago Pedraz. Que la Virgen del Carmen, en el día de su fiesta, nos asista. Pero vayámonos despidiendo de las instituciones que van a quedar hechas trizas.