Yo acuso

Hace más de un siglo, Émile Zola publicó una carta abierta dirigida al presidente de la República francesa bajo el título «J’accuse…!». Le costó una condena por difamación y el exilio. La escribió porque comprendió que hay momentos en los que un ciudadano no dispone de otra herramienta que el papel, y no utilizarla es una forma de tibieza imperdonable.

Esta ha sido una de esas semanas: España ha ardido y la frontera de Ceuta se ha visto desbordada. Ante ambas catástrofes, el Gobierno ha reaccionado con idéntico reflejo: buscar a toda prisa un culpable que no estuviera sentado en el Consejo de Ministros.

Así que yo acuso.

Acuso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber dejado pasar veintitrés días antes de adoptar la medida concreta que una sentencia había convertido en relevante. El 8 de julio se hizo pública una resolución del Tribunal Supremo que confirmó que la Ley de Extranjería no ampara el rechazo inmediato de quien intenta entrar a nado. La sentencia vinculaba ese régimen especial a la superación de elementos físicos de contención fronteriza, inexistentes entonces en el mar. El Gobierno no anunció esas barreras hasta el 31 de julio y comenzó a instalarlas al día siguiente. El problema estaba identificado; la respuesta llegó después de la crisis.

Acuso al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de haber contado la crisis después de que esta hubiera desbordado al Estado. Antes de la avalancha, las autoridades manejaban una estimación de entre 1.500 y 2.000 llegadas durante los diez días anteriores. Después, Interior calculó que cerca de 50.000 personas habían cruzado desde la madrugada del jueves, mientras el presidente de Ceuta elevaba la cifra a 60.000. El viernes, Interior informó de que 48.300 habían regresado a Marruecos y, en determinados momentos, se contabilizaron retornos de hasta 150 personas por minuto. No son balances del mismo periodo, pero sí el retrato de un Gobierno que no supo anticipar la magnitud de lo que ocurría. Si decenas de miles pudieron regresar en poco más de un día gracias a Rabat, la pregunta es por qué falló al principio el control marroquí y qué cambió después.

Acuso al Gobierno de responder a Ceuta con una ley que la ciudad no había invocado. El 23 de julio activó la emergencia de interés nacional prevista en la Ley de Protección Civil por los incendios de Madrid y Ávila: era la segunda vez que se utilizaba este mecanismo bajo la ley de 2015 y la primera por incendios forestales. El día 30, la Junta de Portavoces de Ceuta pidió por unanimidad declarar una situación de interés para la Seguridad Nacional, una figura distinta prevista en la Ley 36/2015. Interior respondió que los flujos migratorios no están contemplados entre los riesgos de Protección Civil. La explicación podía ser correcta respecto de esa ley, pero no contestaba a la figura solicitada. Mientras tanto, el Gobierno movilizaba al Ejército para apoyar a la Guardia Civil.

Acuso al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, de haber dirigido el reproche diplomático hacia el país equivocado. El 30 de julio, mientras Italia estudiaba suspender Schengen con España, convocó al embajador italiano. No consta públicamente que hiciera lo mismo con el de Marruecos, desde cuyo territorio habían cruzado decenas de miles de personas sin que al principio fueran detenidas. Con Rabat, el Gobierno optó por la interlocución y, al día siguiente, agradeció públicamente su cooperación para los retornos. El reproche viajó hacia el este; la gratitud, hacia el sur y después de que la frontera hubiera cedido. ¿Por qué? Espero que algún día lo sepamos…

Acuso a Óscar Puente, no me atrevo a llamarlo ministro, de haber convertido el luto en material para la refriega política más baja. El 10 de julio, mientras ardía Los Gallardos y el incendio había dejado ya varios muertos, publicó un mensaje contra Feijóo en X. El día 24, cuando el BOE publicaba la declaración de emergencia nacional y España pedía a Bruselas cuatro aviones, sostuvo que la UME se había convertido en el servicio de extinción de las comunidades del PP, a las que reprochó bajar impuestos y pedir después ayuda al Gobierno. Ese mismo día llamó «mamarracha» a Isabel Díaz Ayuso, después de que ella hubiera empleado una expresión semejante contra quienes, a su juicio, calentaban el ambiente. Le acuso de haber elegido, con las cenizas todavía calientes, la refriega partidista frente a la prudencia que exigía el momento.

Y acuso también a todos los españoles, incluido yo mismo, de no reaccionar ante hechos de extrema gravedad que se suman a una ya larguísima lista de negligencias, abusos e indignidades. La tibieza y la indiferencia se han apoderado de nuestra razón, y nada parece movernos en proporción al tamaño de las afrentas que llevamos años sufriendo. Esta vez han sido los ceutíes quienes se han sentido abandonados. ¿Quién será la próxima vez?

No conozco a ninguna de las decenas de miles de personas que cruzaron la frontera. No las odio ni pretendo que el lector las odie. Quienes se ahogaron aquella noche no son el enemigo de nadie: son víctimas de una cadena de fallos, decisiones y circunstancias todavía no explicadas.

Mi acusación va contra quienes cobran del erario para prevenir estas crisis y responder cuando ocurren, pero dedicaron la primera hora a repartir la culpa en lugar de asumir responsabilidades. Contra un Gobierno que utiliza la complejidad jurídica como escudo político. Contra una clase política que ha convertido cada catástrofe en un turno de palabra.

Los ciudadanos trabajamos y pagamos impuestos confiando en que nuestros representantes se ocupen de los problemas públicos mientras nosotros afrontamos los privados. Ese es el pacto elemental sobre el que descansa cualquier estado democrático. Cuando el poder deja de proteger, prevenir y responder, no basta con exigir explicaciones: hay que exigir responsabilidades inmediatas.

La ira y la violencia no son la respuesta, pero la indiferencia tampoco puede serlo. Este Gobierno debe dimitir. Y los españoles debemos recuperar el poder que nos corresponde: el de vigilar, exigir, votar y decidir qué queremos que suceda a continuación.