Bochorno institucional

S.M. el Rey preside hoy el acto de apertura del Año Judicial en el que interviene el fiscal general del Estado pese a estar procesado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos. No hay precedentes de una situación semejante cuya sensación de bochorno institucional se prolonga más allá del mundo de las togas. Desde que se inició el procedimiento que culminará sentándole en el banquillo no han cesado las voces que desde las diferentes asociaciones de jueces y fiscales han reclamado su dimisión, por entender que su situación de imputado afectaba a la apariencia de imparcialidad que debe ser seña de identidad de quien es el máximo representante del Ministerio Público. Nadie le niega la presunción de inocencia, pero por una cuestión de decoro Álvaro García Ortiz debería haber dado un paso al lado presentando la dimisión, no lo ha hecho y su situación procesal salpica a la institución que representa, un hecho que conecta con el sarcasmo si tenemos en cuenta que, a tenor de lo establecido en el estatuto que rige la carrera fiscal, el procesamiento de un fiscal apareja el cese automático en sus funciones.

Y llegados a este punto nos preguntamos, ¿por qué no dimite quien sabe mejor que nadie el daño que está causando a la institución que preside? Porque hay sobradas pistas de que sobre este asunto planea la sombra de la presunta implicación de la Moncloa en el origen de la filtración de los datos del caso que dio origen a este asunto, por la presunta revelación del procedimiento judicial contra Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Menudo papelón tiene S.M. el Rey.