Andalucía vota lastrada por las políticas estatales

Durante la campaña electoral andaluza se han abordado distintos asuntos; sin embargo, hay una cuestión que afecta a toda la comunidad: la desigualdad en el reparto de la financiación territorial.

Los datos presupuestarios de la Junta de Andalucía muestran una evolución positiva: el ejercicio 2025 registró un superávit de 315 millones de euros y el ejercicio precedente, uno de 1.158 millones. Estos datos contrastan mucho con otras regiones en el mismo año, ya que Cataluña registró un déficit de 1.200 millones, el País Vasco de 584 millones y la Generalitat Valenciana de 2.495 millones.

Otro dato a destacar es la mejora de la garantía crediticia. Las agencias Standard & Poor's y Moody's han mejorado la calificación crediticia de la comunidad en los últimos dos años.

Entonces, ¿de dónde viene esa desigualdad?

Andalucía es la comunidad autónoma más perjudicada por el sistema de financiación actual. Según el análisis de la Fedea, los andaluces recibieron 1.528 millones menos de lo que les correspondería siguiendo el criterio de población ajustada.

Para hacernos una idea de lo que ello implica, si usáramos el importe íntegro que hemos citado para tener un mayor personal sanitario, podríamos contratar entre 17.000 y 20.000 sanitarios.

La paradoja es llamativa. Un andaluz recibe menor financiación que un ciudadano de otra comunidad con menor población y mayor renta per cápita. Una vez demostrado que no es culpa de una gestión peor –los datos demuestran lo contrario–, cabe preguntarse qué debería hacerse.

Estas elecciones no van a resolver este problema, pero sí nos hacen plantearnos una serie de preguntas sobre el papel que tiene Andalucía como motor de España. Cierto es que una posición de fuerza debe garantizar un mayor poder de negociación, pero, como estamos habituados, la política no habla de méritos, sino de política.