Pacto de Estado imprescindible

Como cualquier catástrofe, el trágico incendio de Los Gallardos y Bedar en Almería expone dos vectores complementarias que determinan el éxito de una sociedad moderna: por un lado la ineludible la vulnerabilidad de los ciudadanos antes las fuerzas de la naturaleza y, como contraposición, la capacidad de las instituciones del Estado para dar respuesta a situaciones implacables, lamentando la pérdida de 13 vidas humanas.

Podrá señalarse que un incendio forestal no es la mayoría de las veces una fuerza de la naturaleza, sino el resultado de la acción o inacción humanas. Pero lo cierto es que, sea cual sea su origen, la agregación del cambio climático, el importante abandono rural y las políticas ambientalistas de no intervención han creado un contexto en el que cualquier incendio se eleva a categoría de catástrofe natural ante cuya explosión es necesaria la respuesta de los medios de extinción. Cualquier política de incendios debe incluir medios, protocolos y recursos de concienciación ciudadana desde la perspectiva de que la responsabilidad colectiva es una herramienta eficaz para salvar vidas.

Junto a esta acción ciudadana coordinada, cuando se produce la catástrofe, el Estado debe estar presente de manera evidente con capacidad para minimizar sus efectos y gestionar sus consecuencias. En el caso de Almería, hay que felicitarse de esa acción gubernamental, esta vez sí, coordinada entre las distintas administraciones, demostrando que es posible hacerlo. La mejor respuesta que desde el ámbito local se puede dar a quienes desde la autosuficiencia de los despachos denuestan la capacidad de los municipios y denigran la cultura rural. Son también, el mejor contrapunto a quienes como el ministro Óscar Puente o el 'popular' Miguel Tellado padecen de incontinencia populachera ante un drama de estas características y no tienen problemas en exhibir el ínfimo nivel moral con que se desempeñan en la vida pública.

Según los expertos, entre el 60 y el 75 por ciento de los incendios forestales registrados en España pueden considerarse de sexta generación que no pueden entenderse ya como sucesos puntuales sino como una situación de riesgo ciudadano.