29 de junio de 2022

Editorial

Batet amenaza a la esencia misma de la democracia

El evidente abuso de la presidenta del Congreso exige una respuesta clara, ejemplarizante y rápida del Estado de derecho que frene el deterioro inaceptable de las instituciones españolas

El uso perverso de su autoridad por parte de Meritxell Batet no es nuevo, y ha escrito algunos capítulos nefandos de esa arbitrariedad clientelar con diputados de grupos rivales al PSOE, como VOX y PP, cuyos derechos ha de proteger como presidenta del Congreso, más allá de su filiación personal y de la del resto de sus señorías.
Actuar como una simple militante socialista, a las órdenes de Pedro Sánchez, degrada la categoría de la Cámara y confirma la falta de respeto de este Gobierno hacia las instituciones y herramientas del Estado de derecho: la lista de desprecios abarca ya desde el Tribunal Constitucional hasta la Audiencia Nacional o el Consejo de Transparencia; y ha alcanzado en el sacrosanto Congreso el clímax de esa perversa deriva.
Porque Batet, ante todo, es la máxima custodia de los derechos y obligaciones que se ejercen en la Cámara Baja, sede del poder legislativo y, también, de la traducción a leyes, normas, reglamentos y propuestas concretas de la soberanía popular, en cuyo nombre actúa por delegación en sus representantes.
Y eso, con un comportamiento de una gravedad extrema que además puede constituir una ilegalidad, es lo que ha hecho de manera clamorosa para invertir el sentido de una votación y concederle una victoria a Sánchez que, en pureza democrática, no estaba a su alcance.
El error de un diputado, sea propio o ajeno por razones informáticas, no puede utilizarse espuriamente para dar la vuelta a una votación que, sin esa trampa, hubiera terminado con el rechazo a la reforma laboral de Sánchez.
Y no debería poderse por razones simplemente éticas, de deportividad parlamentaria y de ejemplaridad ante la ciudadanía: a Batet le hubiera bastado utilizar sus poderes para, al conocer que el sentido de un diputado del PP era el opuesto a su plasmación telemática, permitirle la rectificación.
Cuando se espera que los representantes públicos sean un ejemplo de probidad para que esos valores empapen a la sociedad de su tiempo, dar una muestra de lo contrario es en sí mismo deplorable y equivale, en términos simbólicos, a aprovecharse de un accidente para robarle la cartera al herido.
Pero es que además de inmoral, puede ser ilegal: el Reglamento del Congreso, en su articulo 82, y la resolución de su Mesa aprobada en 2012 para regular el voto telemático, son rotundos al respecto de cómo resolver estos conflictos: es preceptivo verificar personalmente con el interesado la naturaleza de su voto, antes de registrarlo formalmente.
Y también lo es convocar a la Mesa del Congreso e impulsar desde ella esa verificación o la concesión in extremis del voto presencial, en la imprescindible línea garantista de no pervertir la voluntad personal de un representante público por una confusión o un fallo tecnológico.
Batet pisoteó ambos preceptos, con reiteración y a sabiendas del abuso, negando un derecho que no estaba en su mano regular y prohibiéndole al diputado lo que a ella misma se concedió, rectificando la primera votación negativa que ella anunció públicamente en el Congreso para desdecirse momentos después entre extraños gestos del propio Sánchez.
Si el resultado de todo es grave, pues impone una ley sin mayorías al conjunto de la sociedad; los medios empleados para lograrlo son directamente escandalosos y exigen una enmienda clara, rápida y contundente del Tribunal Constitucional o del propio Congreso.
De todas las líneas rojas que Sánchez ha cruzado desde que planteara en 2018 una moción de censura espuria, ésta quizá sea la más grave. Porque supone subordinar una institución del Estado, de manera burda, al interés de un partido. Y en aquellos países donde eso pasa, la democracia pierde su nombre y se precipita por la inquietante pendiente del caciquismo.
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