Sánchez desafía al Estado de derecho
La ofensiva del presidente contra la propia democracia, presente en el uso de la Fiscalía General y en la anulación del delito de sedición, exige resistencia y respuesta
Las últimas decisiones y movimientos del Gobierno de España no son solo perjudiciales por el efecto inmediato de las mismas en ámbitos tan relevantes como la delincuencia sexual o la cohesión territorial del país; sino que además amenazan gravísimamente las costuras del Estado de derecho y, con ello, la salud de la propia democracia.
Porque si relevante es que el presidente lidere una ofensiva legal en favor de las amenazas a la sociedad, sea de forma involuntaria pero negligente como con la ley del «solo sí es sí» o de manera premeditada y alevosa, como con la anulación del delito de sedición; todavía lo es más que para imponer su temeraria hoja de ruta utilice a otros poderes del Estado o simplemente se salte a quienes le interponen obstáculos.
Y eso es lo que ha hecho movilizando a la Fiscalía General del Estado para que, con unas instrucciones impropias, ordene a los fiscales blanquear el despropósito impulsado por Montero y sellado por el conjunto del Gobierno, con Sánchez a la cabeza: no se trata de frenar los lamentables efectos de una ley desquiciada desde su génesis ideológica, sino de intentar tapar la responsabilidad del Ejecutivo en todo ello.
No le importa a la Fiscalía, obediente hasta la sumisión con Moncloa, que delincuentes condenados se hayan beneficiado y se vayan a beneficiar en el futuro de la irresponsable aprobación de una ley en su favor; sino que eso se disimule o incluso se esconda, en la misma línea exigida a los medios de comunicación por la Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell.
Y otro tanto cabe decir de la indecente supresión del delito de sedición, en infame cambalache con ERC para aprobar los Presupuestos Generales, que en la práctica consagra el inexistente «derecho al Golpe de Estado». Una vez se culmine este acto de sumisión, hechos como los vividos en Cataluña en 2017 dejarán de tener reproche penal. Es decir, el Gobierno de España está invitando al separatismo a repetir aquella asonada, cuando lo estime oportuno.
En este caso, las costuras democráticas saltan por la inaudita sumisión de Sánchez, pero también por el desprecio a las advertencias casi unánimes de todos los contrapoderes: ni el Tribunal Supremo ni el Consejo del Poder Judicial respaldan ese viaje kamikaze, resumido en la protesta formal de la mayoritaria Asociación de Fiscales, que ha advertido que cuando se culmine el atraco legislativo se desvanecerá la hegemonía de la mismísima Constitución.
Sánchez, en fin, no solo adopta decisiones dañinas por razones espurias que hipotecan los intereses generales a la búsqueda de un efímero beneficio personal; sino que lo hace destrozando el tablero de juego sagrado que debe ser una democracia, travistiendo todas las instituciones a su alcance para que diluyan su función autónoma y se sometan a sus directrices.
En ese contexto, acelerar la respuesta parlamentaria, recurrir a Europa, alertar a la ciudadanía y resistir el ataque es fundamental, hasta que las urnas diriman si el desafío de Sánchez al Estado tiene o no la complicidad mayoritaria de los ciudadanos. No parece probable, pero no será por la falta de ganas del Gobierno para doblegar también el espíritu crítico característico de las naciones saludables.
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