29 de enero de 2023

editorial

Una deriva autoritaria inadmisible

España se está jugando la calidad de su democracia, degradada sin tregua por un presidente que no respeta ninguna línea roja

A nadie le puede ya extrañar la tendencia autoritaria de Pedro Sánchez, manifestada nada más llegar al poder con una moción de censura que hoy sigue pagando España, a un alto precio.
Si su primera medida fue, tras arrojarse en brazos del populismo y del separatismo, controlar con un decreto ley el ente público de RTVE, sus últimas culminan ese galopante proceso de degradación democrática.
Porque anular el delito de sedición, rebajar el de malversación y cambiar por la puerta de atrás el sistema de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional forman parte del mismo impulso antidemocrático que mueve a Sánchez, unas veces por convicción y otras por imposición de sus lamentables aliados, elegidos siempre de manera voluntaria.
Esto último, incrustar a dos colaboradores personales en el Alto Tribunal, saltándose los procedimientos establecidos con una ley exprés aprobada por urgencia, avala sin duda el temor a que esté en marcha un proceso que, a la legalización vergonzosa de las ilegalidades perpetradas por el separatismo en el pasado, se le añada la aceptación de los objetivos que persiguen.
La gravedad de los hechos es extrema, y constata una deriva amenazante para el Estado de derecho que parece no tener fin: cuando las normas no se adaptan a las necesidades de Sánchez o a los peajes impuestos por sus socios; las modifica de manera artera, con trampas y atajos incompatibles con la democracia y amenazantes para ella.
La conexión que establece todo ello con otros países que, como Perú, están viendo en peligro su estabilidad institucional, no es exagerada: pueden cambiar los medios, pero las consecuencias son similares. Porque en ambos casos se pone en suspenso, de manera más o menos frontal, el sistema constitucional, sustentado en la separación de poderes, la alternancia y los contrapesos.
Que Sánchez lo haga movido por la lamentable sensación de que representa como nadie los auténticos valores democráticos o acosado por el chantaje de sus interventores ya es irrelevante: lo cierto es que está desafiando a la propia democracia, intentando encerrarla en una especie de jaula donde todo asomo de crítica y de obstáculo queden desarmados.
Porque a las leyes que consagran el derecho a delinquir y dejan impunes a los delincuentes hay que añadirle el asalto al Poder Judicial, el control partidista de las instituciones, la persecución de la prensa crítica o la criminalización de la judicatura, entre tantos otros hitos inquietantes.
Que Europa asista a este proceso sin hacer nada, o incluso respaldando económicamente a Sánchez, es desolador. Y que no se atisbe ya ni una línea roja que este presidente no sea capaz de cruzar, atemoriza.
La respuesta ha de ser institucional, social, pública y jurídica. Y ya sin ambages. Y darla no corresponde solo a la alternativa política al Gobierno vigente: es una obligación de todo aquel que, sean cuales sean sus ideas, anteponga los valores democráticos por encima de todo. Que están en peligro, como nunca desde 1978. Y nadie debe ya engañarse.
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