Sánchez debe pagarlo en las urnas y en los juzgados

La segunda operación de la UCO en la sede central del PSOE por la sospecha de financiación ilegal del partido y de su cloaca extorsionadora bajo el mandato de Pedro Sánchez, cuenta con el impulso de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía Anticorrupción y obedece a una larga investigación discreta, durante muchos meses, plagada ya de indicios, testimonios e incluso casi pruebas.

Porque todas las tramas en las que aparecen Leire Díaz, Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Koldo García o incluso Víctor de Aldama han apuntado en esa dirección de que, una parte de los formidables casos de corrupción que cada uno de ellos protagoniza judicialmente a título personal, está relacionada con el manejo ilegal de fondos para el propio partido, lo que explicaría el inmenso poder que todos los ahora imputados han acumulado.

Es decir, se sospecha de la existencia de una maquinaria montada por los principales dirigentes socialistas en la formación y en el Gobierno para dopar al primero en las citas electorales y, antes, después o a la vez, llenar sus propios bolsillos. Y, además de eso, de que una parte de esos ingresos oscuros se dedicó a intentar acabar, como una impúdica red mafiosa, con jueces, fiscales, guardias civiles o medios de comunicación incómodos.

Algo que nada sorprende, pues todos ellos han gozado de protección y promoción de quien se ha beneficiado políticamente de sus andanzas desde las Primarias iniciales en el PSOE, con las que asaltó el partido, hasta su acceso y su supervivencia en La Moncloa, lograda con obscenos acuerdos casi clandestinos con el independentismo y mociones de censura espurias, todo ello trabajado por las mismas personas.

En este caso, sin quebrar el innegociable derecho a la presunción de inocencia, llueve además sobre mojado: al objetivo de la operación judicial de la Guardia Civil, que actúa bajo mandato judicial del máximo rango en al menos una de las dos piezas abiertas en distintos juzgados pero conectadas entre ellas, se le añaden las fundadas sospechas sobre la misteriosa recaudación de supuestas donaciones con las que Sánchez inició su carrera, sobre la cual el Tribunal de Cuentas pidió infructuosamente explicaciones, que el PSOE se comprometió a ofrecer y nunca dio. Y hasta el propio Sánchez, en persona, fue incapaz de desmentir en el Senado que su suegro, propietario de una ingente cantidad de prostíbulos, le financiara su carrera política en los albores.

La operación se suma a todas las anteriores y coincide con el estallido de la trama de Zapatero, los inminentes juicios a la esposa y el hermano de Sánchez, la previsible condena de José Luis Ábalos, las acusaciones de Aldama sobre la financiación del PSOE y de la Internacional Socialista con el llamado «pitufeo» o con petróleo chavista y la no muy lejana apertura de juicio a Santos Cerdán.

A todo ello se le suma el bloqueo institucional, la ausencia de Presupuestos Generales en toda la legislatura, la imposibilidad de legislar y la sumisión al independentismo; generando un colapso insoportable y en todos los órdenes del que Sánchez es el máximo responsable.

Con este contexto, atrincherarse al poder equivale a secuestrar la democracia para intentar doblegar al Estado de Derecho, desafiando a la vez a los ciudadanos, por su negativa a concederles voz en las urnas, y a la separación de poderes, tratando de frenarlos desde un autoritarismo predemocrático.

A Sánchez le tienen que juzgar las urnas ya, sin duda, pero también la Justicia: el máximo beneficiario de todos los escándalos que felizmente destapan jueces, cuerpos de Seguridad y medios de comunicación independientes mientras él los perseguía y trataba de anular, ha sido él. Y el que promovió y protegió a los inductores de cada casa, tiene el mismo nombre: el suyo.