LA EDUCACIÓN EN LA ENCRUCIJADA FRANCISCO LÓPEZ RUPÉREZ

Los profesores y el futuro de España

La calidad del profesorado determina la calidad de los resultados escolares

La importancia que tienen los profesores en el éxito de los alumnos es algo asumido por la gente como una cuestión de mero sentido común. De entre la multitud de testimonios individuales que refuerzan esa creencia, cabe destacar el del Premio Nobel de Literatura Albert Camus. Inmediatamente después de ser laureado, escribió una sentida carta de agradecimiento a su maestro M. Germain en la que le reconocía que «sin usted, sin esa mano afectuosa que tendió al niño pobre que yo era, sin vuestra enseñanza y vuestro ejemplo, nada de todo esto hubiera ocurrido». No obstante, la evidencia acumulada por la investigación empírica internacional ha confirmado, de un modo científico, que la calidad del profesorado es el factor principal, el que explica en mayor medida la calidad de los resultados escolares.

Análisis sobre la evolución, a lo largo de las dos últimas décadas, de diferentes indicadores de resultados de nuestro sistema educativo han puesto de manifiesto, de un modo consistente, que España se encuentra estancada en la mediocridad. Pero, de igual modo que sería injusto atribuir ese estancamiento a la actitud y al comportamiento de nuestro cuerpo docente, será imposible situar a la educación española en la senda de la mejora sin actuar, de un modo ordenado y sistemático, sobre ese factor clave de calidad educativa. España lleva décadas ignorando las políticas de gestión del talento del profesorado en la educación escolar.

Existen dos pilares esenciales que configuran dichas políticas: el modelo de acceso a la profesión docente y el sistema de desarrollo profesional. En cuanto al primero, la delegación de las competencias del Estado en la Universidad, a la hora de conceder la habilitación para el ejercicio de la profesión, ha mostrado reiteradamente sus insuficiencias, que son estructurales y están vinculadas a los efectos no deseados de la autonomía universitaria. Justamente por ello, en la última década ha emergido la propuesta de trasponer, con las debidas adaptaciones, el modelo de éxito del MIR sanitario al ámbito docente. De entre los rasgos esenciales de dicho modelo cabe destacar su alcance estatal. Por afectar a derechos fundamentales, la enseñanza es una profesión regulada cuya competencia normativa corresponde al Estado, que es el constitucionalmente responsable de garantizar una educación de igual calidad para todos.

El segundo pilar concierne al desarrollo profesional y a la articulación de una carrera que integre la formación permanente, la evaluación, los incentivos y la promoción. A diferencia del primer pilar, que afecta a todos los candidatos a ejercer la docencia, sea en el sector público, sea en el sector privado, en el segundo el Estado es únicamente competente en el sector público; pero lo es, a nivel básico, en todo el territorio, ya que sus profesores forman parte de cuerpos funcionariales de carácter estatal.

Ambos pilares, que en España están en lo esencial por construir, son decisivos para el futuro de la educación. El primero porque, al operar sobre la selección del profesorado y sobre la formación para el ejercicio de la profesión, asegurará una elevada calidad de los nuevos profesionales en todo el país. El segundo no solo porque potenciará el progreso de los docentes, sino también porque atraerá a los mejores a la profesión, evitará escaseces en determinadas materias críticas y facilitará la permanencia en la docencia ante ofertas laborales tentadoras procedentes de la industria o de los servicios de alto valor añadido. Es mediante las correspondientes reformas como España, al igual que hicieron antes los países considerados ahora de alto rendimiento, podrá mejorar los resultados de su sistema educativo y responder exitosamente a los desafíos del futuro.

Pero, junto a estos argumentos de carácter sectorial, la orientación que se dé a este tipo de reformas afectará –en un sentido o en el contrario– al modelo de Estado contenido en la Constitución del 78 y en las sucesivas interpretaciones del Tribunal Constitucional. Si en el ámbito educativo, tan vinculado con la aplicación del principio de igualdad real de oportunidades, el Estado renuncia al ejercicio efectivo de sus competencias en materia de profesorado –dentro del marco del Estado autonómico– se estará produciendo, sin que los ciudadanos apenas nos demos cuenta, lo que algunos juristas denominan una «mutación constitucional» y que comprometerá el futuro de España como nación de ciudadanos libres e iguales.