En primera línea Carlos de Urquijo

Defendamos el español

Si el PP resulta vencedor de las elecciones generales, Núñez Feijóo, además de cumplir con la promesa de derogar tantas leyes dañinas para nuestra nación, tiene una obligación más, la de recurrir ante el TC este disparate

El pasado 25 de abril el Gobierno Vasco aprobó el proyecto de ley de Educación del País Vasco. Un día histórico sin duda para los nacionalistas, y también para el PSOE, aunque sea en su condición de colaborador necesario del atropello. Y es histórico porque recupera un viejo compromiso del PNV que ya en 1982, en los albores de la autonomía vasca, aprobó la ley de normalización del uso del euskera que en su artículo dos decía «la lengua propia del País Vasco es el euskera». Ahí queda eso. Al parecer el español deber ser una lengua tan ajena, aborrecida e impuesta que solo ha dado escritores menores como Unamuno o Baroja, y en la que tan solo hablamos habitualmente el 78 por ciento de los vascos.

Decía que es un día histórico porque renueva, de manera definitiva, un objetivo clave para la pervivencia del nacionalismo: la continuidad de aquella primera ley de 1982, declarando el euskera como eje central de la enseñanza y, en consecuencia, la postergación o exclusión del castellano de las aulas. Y esto no es una opinión, son hechos que cualquiera puede verificar si se toma la molestia de leer los 101 artículos del proyecto de ley remitido al parlamento vasco para su tramitación. Un proyecto que, ya de entrada, cuenta con el concurso de EH-Bildu para su aprobación.

Recordemos algunos de los pasajes de este trágala lingüístico en el que el PNV, hay que reconocerlo, no esconde desde el comienzo sus intenciones impositivas. Apartado segundo del artículo primero del proyecto, objeto de la ley «la configuración de un marco plurilingüe e intercultural que toma como eje el euskera y la cultura vasca». O en su Artículo 65.1 cuando señala «el sistema educativo vasco se define como plurilingüe, articulado en torno al euskera». Hay que reconocer que les ha quedado un oxímoron de libro. En este mismo artículo, por si no estuviera claro, se insiste en su apartado quinto «El departamento competente en materia de educación reforzará el uso del euskera a través de planes específicos destinados a normalizar la utilización habitual de esa lengua en la acción escolar».

En el artículo 68.4 se desliza ya una velada amenaza a los centros privados y concertados «en el marco del proyecto lingüístico los centros educativos planifican y fijan en las diferentes materias los objetivos dirigidos a trabajar la capacidad comunicativa especialmente la del euskera». Conviene decir que este «refuerzo» de la capacidad comunicativa ha sido ya interiorizado hace tiempo por los centros. Para muestra un botón, los centros religiosos concertados en el País Vasco, nada menos que 123, se agrupan bajo la denominación de «Kristau Eskola», Escuela Cristiana en castellano. Parece evidente que el miedo guarda la viña.

Voy concluyendo para no aburrir citando todos los artículos que abundan en la imposición, pero sí debo referirme a un par de ellos más. El artículo 73 habla del «uso ambiental del euskera» y dice que «el euskera ha de ser normalmente el vehículo de expresión en las actividades que se desarrollen en el centro y en las de proyección externa». Lo cursi de la redacción no oculta el tufo coercitivo que se remata en el artículo 89 con la creación del instituto para el aprendizaje del euskera y de las lenguas, un Orwelliano instrumento que vigilará «la formación del profesorado al objeto de reforzar su actitud, progreso e implicación lingüística» ¡Toma ya!

Las consecuencias de esta ley no solo incrementarán los paupérrimos resultados sobre la competencia de los alumnos de la ESO que ya reflejan los propios estudios del Gobierno Vasco, sino que, sobre todo, acabarán con el derecho a elegir la lengua en la que educar a nuestros hijos y con el incumplimiento, una vez más, del artículo tercero de nuestra Constitución. Y todo ello con la única finalidad de asegurar la pervivencia del separatismo, aunque sea a costa de llevarse por delante la libertad y el progreso, provocando de paso el éxodo de aquellos que quieran labrarse un futuro brillante en una sociedad abierta.

Concluyo. Como esta ley no se aprobará antes de acabar el año y si, como parece, el PP resulta vencedor de las elecciones generales del mes de diciembre, Núñez Feijóo, además de cumplir con la promesa de derogar tantas leyes dañinas para nuestra nación, tiene una obligación más, la de recurrir ante el Tribunal Constitucional este disparate. Una imposición que no solo atenta contra la ley, sino que supone una afrenta al sentido común de todos los vascos que estamos encantados de pertenecer a una comunidad de hablantes formada por más de 590 millones de personas en todo el mundo.