¿Corren peligro los toros en España?

Hay que descartar un sí irreflexivo, pues sería estúpido suponer que de un plumazo nos quedábamos sin San Fermín, la Feria de Sevilla, San Isidro o los miles de festejos patronales, carreras de calle o encierros que se celebran por la geografía patria; pero también negar categóricamente sería una ingenuidad si nefastos gobiernos como el del poseso Sánchez (horca tridente), la bruja Yoli (escobón de rabo largo) y sus luciferes (cornudos alados) renovasen la alianza implantada en nuestro país cual mala hierba intrusa y colonizadora que arraigase para in sécula sin reconquista a la vista.

Una protección plena de los toros solo puede venir de la Constitución, lo que no va explícito en la nuestra, que exige interpretaciones del Tribunal Constitucional (TC) sobre la conexión de lo taurino con el hecho cultural y los derechos y libertades fundamentales. Los toros –me gusta llamarlos eso antes que «tauromaquia» o «fiesta nacional»– solo están protegidos en grado ordinario por dos leyes de las Cortes: la 10/1991, sobre potestades administrativas de espectáculos taurinos, y la 18/2013, reguladora de la tauromaquia como patrimonio cultural. Una y otra penden de la veleidosa acción política.

Contra esas leyes se estrellaron hasta ahora las ansias nacionalistas de suprimir las corridas o desnaturalizarlas, neutralizados que fueron los intentos por el TC en sentencias de 2016 y 2018. Pero ojo, un TC que no era el que hace escasos meses se ha confeccionado Sánchez a su medida y que no enjuiciaba el ejercicio de facultades del Estado, sino competencias autonómicas invasoras del ordenamiento estatal. Ojo, ojito, que no se confunda nadie. Tanto Cataluña como Baleares (y una buena lista de caciques municipales) han tenido que envainar su ataque a los toros, pero «por ser ellos incompetentes», no por violar alguna garantía constitucional, cuestión de fondo hasta el momento no suscitada. Tanto en Cataluña (prohibición descarada, cuya anulación se ha consolidado por vía fáctica, al puro estilo independentista) como en Baleares (burda desvirtuación que acreditó a los parlamentarios isleños como legisladores antitaurinos e idiotas de esférica pelota) se tumbaron los excesos de celo por querer disponer de algo careciendo de competencia, sin creer yo ahora preciso comentar otras revocaciones de menos relieve institucional y territorial –hasta con condena a prevaricadores– para no regalar publicidad a ediles zonzos y regidores sandios, si no meridianamente necios, por votados que resultaran en las urnas de sus pueblos.

Ha habido también un correctivo judicial –este del Tribunal Supremo (TS)– a la discriminación operada en el bono cultural joven, pero sin invocar la Constitución, por impugnarse una decisión gubernamental que no se sostenía frente a las dos leyes citadas –e ignoradas según la Sala 3.ª–, de ahí que tampoco este fallo baste para consolidar la indemnidad de los toros ante un poder legislativo nacional bien ejercido formalmente.

No se ha producido, que yo sepa, jurisprudencia del Constitucional o del Supremo sobre anulación de otras disposiciones legales estatales o autonómicas o acuerdos locales restrictivos de los toros con apoyo en algún blindaje constitucional, cuestión que mientras no llegue al máximo intérprete de la Carta Magna no se analizará por él, pero que, de hacerlo y dada la injerencia del Gobierno sanchista en la composición de la Administración de Justicia, Fiscalía, Abogacía del Estado y estamentos constitucionales, es lógico que nos dé mucho miedo a los taurinos, como a todo ciudadano en otros temas.

Entretanto –no se olvide–, los toros pueden recibir puyazos y medias estocadas por doquier, muchas manipulaciones y trabas indirectas, pues importantes cosos pertenecen a organismos públicos y también hay que cumplir requisitos no taurinos en los festejos populares y otras formalidades de seguridad, sanidad, etc. que fijan los entes locales y autonómicos; los que, cuando son enemigos declarados –ahí queda Gijón y antes San Sebastián o La Coruña–, acuden al efugio de cortar suministros, denegar licencias, desempolvar ordenanzas y reglamentos apolillados…, las trampas y trapazas de los prusianos contrarios a la ajena libertad para anulársela al rival sin dar la cara.

Nadie confíe en Sánchez y sus secuaces ni en esto de los toros, contra los que hasta hoy no ha arremetido de frente y por derecho pese a que su mascota preferida y más afectiva, la Loba Ribera, lo dejó claro en Onda Cero (5.12.18): «Si de mí dependiera, prohibiría los toros y la caza». Los antitaurinos viscerales de torso desnudo y tanga negra los vedarían tan pronto pudieran y hasta donde les llegase el odio a España, cerrando las plazas que estén bajo la cruz de sus dedos montados en juramento. Y si Pedro el Cruel los necesita para seguir irradiando, se conchabará sin pudor ni rubor con quien se tercie. Sería lo único a que renunciase perdiendo poder. Aferrado a subterfugios o valiéndose de cámaras regionales y corporaciones de villas y concejos, podríamos ver hecho real cuanto a una mente tenebrosa cabe ocurrírsele como psicópata de accidentales anécdotas personales antepuestas al sentido de Estado y el interés nacional. ¿Fiarme yo de un trapisondista así? Ni siendo su padre o madre en lo más familiar. Menudo es el pájaro de cuenta que hasta al Rey le quita la palabra y las primacías protocolarias: chulo y grosero.