La tiranía de la nomocracia

Tal como lo señalaba Montesquieu no existe oligarquía tiránica más cruel y arbitraria como aquella que está configurada por los jueces que dominan el Poder Legislativo (la nación representada en el Parlamento) y el Poder Ejecutivo (El Gobierno y la Administración). Los ejemplos de crimen y abuso de la Roma republicana durante el decenvirato, o del pueblo de Israel durante el período de los Jueces así lo prueban. Se ha llamado a esta forma de gobierno nomocracia, que literalmente significa «el poder o prevalencia de la ley», cuando, en realidad, es el poder de la arbitrariedad absoluta del que aplica la ley.

Una vez que los decenviros en Roma terminaron la redacción de las Doce Tablas, el primer código civil romano, se resistían frente a los tribunos del pueblo a abandonar su poder absoluto («decemviri consulari imperio legibus scribundis») alegando, como Penélope con su peplo inacabable, que aún les faltaba por rematar algunos detalles, entrando así incluso en el tercer año de su tiranía. ¿Por qué razón obraban así los decenviros? Probablemente por dos razones; en primer lugar, por apetencia personal de seguir gobernando dictatorialmente fuera de los límites temporales fijados, y en segundo lugar, y como ocurre en toda nomocracia, porque eran apoyados por el partido de los nobles y por los más ricos. Los más poderosos temían que la restauración del consulado regular supusiera también la vuelta de los molestos tribunos de la plebe.

Ya en Grecia el digno escita Anacarsis nos había avisado que en manos de los jueces las leyes son como las telas de araña, en las que caen sólo los mosquitos más débiles, pero no los poderosos moscardones. Así, de repente un día el antiguo tribuno Lucio Siccio Dentato, el soldado más valiente de Roma, que había peleado en ciento veinte batallas, y mostraba en su cuerpo cuarenta y cinco gloriosas cicatrices, se le halló muerto en el campamento, asesinado, y se decía que era a instigación de los decenviros. Otro día el rijoso juez Apio Claudio, a fin de poder abusar impunemente de una bonita plebeya de catorce años, llamada Virginia, sentencia que tal muchacha no era libre sino esclava de un amigo secuaz. Entonces el padre, Lucio Virginio, mata en el mismo Fórum a su hija querida antes de que los lictores se la arrebaten, y soslaya de un modo tan expeditivo la deshonra. Harto y hastiado el pueblo de tanta tiranía y arbitrariedad se levanta contra el gobierno de los jueces, encarcela a los decenviros que habían usurpado el poder, una vez que sus límites temporales habían terminado, y no paraban de deshonrarlo, y gracias a los dioses vengadores los dos decenviros más asesinos y lacayos de los poderosos, Appio Claudio y Spurio Oppio, se quitaron la vida en la prisión. Los ochos restantes fueron desterrados de por vida y confiscados sus bienes. Ya nunca más Roma volvió a padecer la odiosa nomocracia.

Montesquieu nos dijo en el Libro XI, cap. VI, de su libro inmortal lo siguiente: «No hay libertad si el Poder Judicial no está separado del Legislativo ni del Ejecutivo. Si va unido al Poder Legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, pues el juez sería al mismo tiempo legislador. Si va unido al Poder Ejecutivo, el juez tiene la fuerza de un opresor tiránico (…) Todo está perdido si el mismo cuerpo de personas ejerce los tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o las diferencias entre particulares». En España lo más frecuente es que si un juez es independiente, con el solo poder de su conciencia independiente, y acusa de algún delito a alguno de los nababes de nuestro régimen, lo normal es que lo echen de juez por no ser un buen servidor obediente de los poderosos. Ahí tenemos el caso del juez Javier Gómez de Liaño cuando procesó a Jesús de Polanco.

Hoy estamos asistiendo en España a la tenaz investigación, un tanto errática, hostil y prejuiciosa que el juez Juan Carlos Peinado está llevando a cabo contra la mujer del jefe de nuestro Ejecutivo, con el apoyo alentador de la mitad del Legislativo, que no para de jalearle y animarle. No seré yo quien defienda a la segunda dama del país, cuando es seguro que pocas esposas en España tendrán el equipo de abogados de que doña Begoña goza. El sentido común nos dice que si doña Begoña resultase culpable, con toda la panoplia de recursos jurídicos que posee, es que entonces es culpable. Ahora bien, si efectivamente es culpable, sobra por completo la inquina y malos modales de los que el juez Peinado ha hecho gala contra ella. Cuando la Justicia no es exquisita a la hora de juzgar un delito político o a los familiares de un político importante, siempre quedará la sombra de la intromisión de la Justicia como nomocracia en el juego político; lo cual debilita la democracia y pone en peligro la libertad política si España la tuviese, pero también las libertades civiles, que sí existen precariamente. El juez Peinado tiene hoy la obligación moral y profesional de concentrarse en el caso con mayor celo, y demostrar palmariamente la verdad insoslayable del asunto.

Martín-Miguel Rubio Esteban es escritor