Zozobras jurídicas

Luis María Cazorla, presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, califica como zozobrante la situación de nuestro Estado de Derecho. Quien lo dice es alguien con reconocida autoridad en el medio legal español. Su brillante trayectoria convierte a sus pareceres en algo siempre a tener en cuenta, porque Cazorla encarna al jurista completo, independiente, que no se deja embaucar por el primero que llega.

Su preocupación se extiende al desprecio a lo jurídico que crece en amplios sectores, al socaire del escaso aprecio que a los actores políticos les merece este insustituible medio de organización y solución de controversias.

Apunta Cazorla la tendencia a considerar al derecho como un reaccionario obstáculo al avance de iniciativas orientadas a determinado cambio social, cuando lo único que trata es de combatir el caos y el desorden en su eventual consecución. Ahí descubre el ilustre académico la intención de reducir o difuminar los controles jurídicos, tan frecuente hoy, relativizando los criterios que juzgan desacertados en términos legales una concreta concepción normativa o estrategia pública.

Orillando el carácter axiológico de nuestra Carta, se extiende la idea de que el derecho es una especie de andamiaje formal carente de valores e instrumentos para su concreción. Es decir: que constituye para muchos una indeseable cortapisa frente a la voluntad democrática, considerada omnímoda. Los límites escritos y no escritos que configuran a todo Estado de Derecho no paran de debilitarse, dejando que el ordenamiento, pese a su elasticidad, sucumba al empuje del capricho de las mayorías parlamentarias, inmersas en una dictadura de los partidos incompatible con una democracia como corresponde.

Cazorla huye de una Constitución inmune a la realidad de un mundo cambiante. Pero también de que esa interpretación evolutiva suponga el alumbramiento de otro texto completamente distinto. Llama con prudencia «mutaciones constitucionales» a lo que yo me atrevo a calificar como inconstitucionales, al oponerse al espíritu y la letra de la norma de normas de 1978.

Entre esos excesos, Luis María Cazorla Prieto advierte solo los referidos a la singular financiación autonómica para Cataluña y la controvertida decisión sobre la amnistía, pero cabría añadir algunos más, derivados de la actual doctrina del supremo intérprete erigido desde hace tiempo en sumo hacedor de un régimen jamás contemplado por el constituyente casi medio siglo atrás.

Las zozobras de Cazorla se extienden asimismo a la judicialización de la política y a la politización de la justicia. Repara en extremos que los juristas llevamos años recordando: desde el persistente nombramiento partidista de los vocales del Consejo del Poder Judicial hasta dejar la instrucción penal en manos de un Ministerio Público sin la necesaria autonomía del ejecutivo. Pero insiste igualmente en el progresivo vaciamiento de las funciones propias de las Cortes Generales en favor del Gobierno, a lomos de un populismo legislativo que abusa del decreto-ley; de las proposiciones de ley carentes de filtros para asegurar su calidad técnica; de las sucesivas e ilegales prórrogas presupuestarias; de la creciente falta de preparación y especialización de los diputados y senadores o; en fin, del paulatino deterioro del espíritu y estilo parlamentarios. El resultado final es una intensa inseguridad jurídica incompatible con cualquier Estado Social y Democrático de Derecho que se precie.

El panorama que describe Cazorla no puede ser más sombrío. Y más cierto. Su inquietud, que tantos compartimos, se traduce a diario en ese aluvión de alteraciones normativas precipitadas que denuncia, o en lo que denomina con razón «insidioso resquebrajamiento de las categorías y conceptos elaborados a través de una prolongada y fructífera trayectoria doctrinal y jurisprudencial en España».

Lo que no dice Cazorla, porque no puede decirlo, es que estos penosos fenómenos se han dado porque hemos tenido bastante poca suerte con los responsables que han estado encargándose de velar por el correcto funcionamiento de nuestro derecho. No contamos con auténticos hombres de Estado o cancilleres que cuiden de él, como confiaba Eric Vuillard, sino con personajes al dictado de quienes lo que persiguen es demoler el reino presidido por el principio de legalidad y la separación de poderes.

Comprender esas zozobras es el primer paso para su necesaria superación. De ahí que debamos agradecer al profesor Cazorla por desvelarlas con tanto rigor, oportunidad y valentía.