Sobre la transferencia de Tráfico a Navarra
Sabiendo, como saben, cuál es la estrategia trazada por los y filoetarras, es inadmisible que Pedro Sánchez y la presidente navarra, María Chivite, hayan tragado con esta reivindicación con un único fin: mantenerse en sus sillones
Pedro Sánchez necesitaba los votos de los filoetarras de Bildu para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado y estos, que son hábiles y astutos y saben aprovechar la debilidad del contrario, le han exigido a cambio que Navarra asuma la competencia de Tráfico antes del 31 de marzo de 2023, porque con ello dan un paso muy importante hacia su gran objetivo: la independencia, al tiempo que les permite hacer realidad esos gritos de alde hemendik (¡fuera de aquí!) y txakurrak kanpora (¡perros fuera!) a los que tan acostumbrados nos tiene en sus movilizaciones por las calles de los pueblos y ciudades del País Vasco y de Navarra. Y Pedro Sánchez, aunque siguen justificando su violencia, no han condenado los cuarenta años de terrorismo y Arnaldo Otegi acaba de decir en Pamplona que «nuestra patria es Euskal Herria y nuestro Estado es Navarra», no ha dudado y ha dado un paso más en el blanqueamiento que inició cuando llegó a la Moncloa, consintiendo que Bildu se marque el tanto, aun a sabiendas de que le estaba ofreciendo en bandeja una antigua reivindicación de ETA.
Tan pronto como se conoció esta decisión, el delegado del Gobierno en Navarra y el también socialista consejero foral de Interior declararon que eso no implicaba que la Guardia Civil tuviera que salir de Navarra. Cosa que es cierta, porque esa reducción de competencias no supone que la Benemérita tenga que abandonar inmediatamente la Comunidad Foral, pero sí que encierra una reducción de su planilla pues, de los 1.550 guardias que hay en la actualidad en Navarra, 150 pertenecen a Tráfico, con lo que esta se verá mermada en un 10 por ciento. Y, además, no podemos ser ingenuos y tenemos que ser conscientes de que este es sólo el primer paso, pero que no será el último, porque, como dijo María José Beaumont, consejera de Interior del primer Gobierno de «progreso» de Navarra (2015-2019), el presidido por Uxue Barkos, y cuota de Bildu en ese ejecutivo: «La Guardia Civil estará en Navarra mientras tenga competencias. El primer paso es quitarle las de Tráfico, más tarde será la de Medio Ambiente y luego se planteará la de Seguridad Pública y todo eso hará que ya no sea necesaria».
Por eso, sabiendo, como saben, cuál es la estrategia trazada por los y filoetarras, es inadmisible que Pedro Sánchez y la presidente navarra, María Chivite, hayan tragado con esta reivindicación con un único fin: mantenerse en sus sillones. Porque ellos conocen la encuesta que se realizó hace cuatro años, en la que el 65 por ciento de los ciudadanos navarros manifestaron que su voluntad era que las competencias y el modelo policial siguiera siendo el actual; es decir, con unas competencias compartidas. Cosa que es lógica, porque a los conductores que circulan por las carreteras navarras poco les importa si el que les socorre en caso de accidente es un guardia civil o un policía foral; o si quien les sanciona va de verde o de rojo. Por eso, lo que Sánchez y Chivite y sus segundos de abordo nos tienen que explicar es qué va a ganar con esta transferencia el ciudadano y cuáles van a ser los beneficios que va a obtener con la asunción en exclusiva de la competencia de tráfico por parte de la Policía Foral.
Es cierto que Navarra ostenta competencias históricas con relación a las funciones de policía y vigilancia del tráfico, pero también lo es que estas son concurrentes con las del Estado, porque la vigilancia y ordenación del tráfico en la Comunidad Foral la tienen atribuida tanto la Guardia Civil como la Policía Foral y la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de febrero de 2018 nada dice de que deba reconocerse la competencia en exclusividad en materia de tráfico y seguridad vial a la Policía Foral. Por eso, y salvo la razón política que apuntaba la Sra. Beaumont, no existe ningún otro motivo, de índole operativo o técnico, que aconseje modificar el actual modelo policial en Navarra, por lo que la vigilancia y ordenación del tráfico la pueden seguir realizando la Guardia Civil y la Policía Foral, igual que sucede con otras materias como, por ejemplo, Transportes o Medio Ambiente, donde la Guardia Civil de Tráfico y el Seprona de la Guardia Civil desempeñan sus cometidos en colaboración con la Policía Foral y los respectivos servicios del Gobierno de Navarra.
A estas alturas creo que ya quedan pocos ingenuos y que todo el mundo sabe que ETA y Bildu no dan puntada sin hilo, por lo que quitar a la Guardia Civil de las carreteras navarras y dejar en ellas la seguridad ciudadana y el orden público en manos de un cuerpo autonómico, como es la Policía Foral, implica limitar la capacidad de actuación de los cuerpos policiales para hacer frente a los nuevos riesgos y amenazas, como el crimen organizado transnacional y el terrorismo yihadista, que son unas amenazas que sólo pueden ser abordadas desde una visión integral y global que solamente puede ser afrontadas por un Cuerpo estatal con capacidad de actuación en todo el territorio nacional y con canales de colaboración a nivel internacional.
- José Ignacio Palacios Zuasti fue senador por Navarra
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