Los grupos parlamentarios que falsean la representación del pueblo español

Se da cuenta en los medios oficiales de que el PSOE y Sumar ceden dos diputados cada uno, respectivamente, a Junts y a Esquerra, para que estos dos últimos puedan formar grupo parlamentario «propio».

Con total desfachatez, se afirma que esto formaba parte de los «acuerdos» para constituir la Mesa del Congreso: si votáis a la candidata socialista a la presidencia del Congreso, podréis tener grupo propio, diga lo que diga el Reglamento del Congreso y en fraude de la mayoría natural. Es evidente que es una trampa que falsea la realidad de los representantes salidos de las urnas y que condiciona el campo de juego de la representación popular en la práctica, restringiendo indebidamente el protagonismo de los representantes con más peso, a costa de dárselo a minorías ridículas que no han tenido votos ni para formar su propio grupo y que, por tanto, tendrían que estar en el Grupo Mixto, y atenerse al protagonismo limitado, y al tiempo más reducido en el debate parlamentario, por llamarlo de alguna manera, visto lo visto. Es sencillamente golpista alterar las estructuras parlamentarias, manipulando los Grupos. Y para no perder el Gobierno de la Nación, amañar la presidencia de las Cortes, vulnerando las reglas legales vigentes singularmente y condicionando la formación de los grupos parlamentarios, para demostrar así por las bravas que existe esa supuesta mayoría social de progreso, inexistente, pero tan necesaria para que su creador pase a la historia por haber despertado al monstruo separatista, creando un problema que no podrá resolver y que dejará en herencia falsaria. Para dar este golpe a la democracia, tiene que asegurarse el apoyo de partidos no nacionales, que representan como un 10 % del electorado español, con sensibilidades políticas distintas y hasta contrapuestas. Esa minoría, en particular, la parte catalana, va a alterar inexorablemente el debate político en una medida muy superior a la que tendría con la mera legitimidad de sus votos, mediatizándolo indebidamente, gracias a los diputados prestados. Con tales trampas esa falsa estructura parlamentaria alterará y condicionará el marco legítimo del propio debate a lo largo de la legislatura, si no es interrumpida finalmente su travestida andadura y si no es desenmascarada esta felonía socialista anticonstitucional.

Ese préstamo de diputados contradice abiertamente el Reglamento del Congreso y las exigencias requeridas en él, sobre el número de diputados y el peso porcentual de los votos obtenidos, para formar Grupo propio. Pero, además, contradice también la razón de ser de la prohibición del mismo Reglamento, consistente en que: «En ningún caso pueden constituir Grupo Parlamentario separado Diputados que pertenezcan a un mismo partido». Y es más que retorcer el Reglamento del Congreso, es infringirlo abiertamente, con serias consecuencias jurídicas que van mucho más allá de saltarse una mera formalidad. Porque no hay nada en el mundo jurídico-público y, en particular, en el ámbito del Derecho parlamentario, que sea una mera formalidad (sin justificación, ni contenido garantista), pues, para salvaguardar el juego democrático, se requieren cauces formales ciertos y seguros. El Reglamento del Congreso determina lo que corresponde a esta Cámara, ordenando su organización, como marco en el que debe ejercerse la función pública legislativa. Si los Grupos parlamentarios están mal conformados, arteramente engordados, las facultades de los diputados restantes de otros grupos van a venir mermadas en el ejercicio de su función y esta es la clave, porque supone una vulneración de su derecho a ejercer la función pública representativa en las Cortes, en las mismas condiciones legales de peso que los demás diputados y, con ello, se vulnera también el derecho de los correspondientes votantes a ser legítima y debidamente representados, ambos garantizados por el art.23 de la Constitución, que algunos no quisieron acatar, dando lugar a un asamblearismo territorial, no nacional, anticonstitucional.

Esta jugarreta es la confirmación de que el chalaneo de esos mal llamados pactos políticos es lo más parecido a los pactos colusorios, que prohíbe el Derecho de la competencia y que supone repartirse las cuotas de mercado entre algunos operadores de un sector, en perjuicio del resto. El parlamentarismo, por definición, se debe a la fuerza de la razón, no a la razón de la fuerza de los votos, en abstracto, para no se sabe qué. De suyo, además, las Cámaras están para debatir en condiciones de igualdad, no para ningunear, ni arrinconar con malas artes, a la mitad de los legítimos representas políticos. Eso podrá llamarse de todo, menos democracia parlamentaria.

Isabel María de los Mozos y Touya es profesora titular de Derecho Administrativo en la UVA