La democracia es cosa de todos

Que la democracia que disfrutamos hoy en día ha sido –para lo bueno y para lo malo– una construcción de todos, es una obviedad; pero también es cierto que unos han aportado más que otros.

De entre los partidos que hoy en día siguen en la liza política, el PSOE y el PP han sido los que más han contribuido –e insisto en que tanto para lo bueno como para lo malo– y más responsabilidad han tenido, ya que entre ambos suman más de cuarenta años de Gobierno.

No se trata hoy de analizar los errores cometidos por unos y por otros a lo largo de estos años, si no de tener muy presentes cuáles han sido los aciertos que nos han permitido convivir y prosperar a todos, como pocos pueblos lo han hecho, en tan corto periodo de tiempo.

Es igualmente cierto que el tan cacareado «consenso» de la Transición no puede ser invocado de forma permanente y para todo tipo de cuestiones que deben ser objeto de debate y controversia. Es más, si nos vamos a la fuente, a don Adolfo Suárez González, descubriremos que decía que el consenso, si hubiera que reducirlo a una sola cuestión, está sería, sin duda alguna, el «profundo deseo de convivir en paz y en libertad», lo que supone el reconocimiento del distinto y el profundo valor de esa diversidad dentro del respeto y aceptación del adversario.

Mientras ambos partidos en los sucesivos gobiernos han mantenido ese norte, hemos avanzado mucho. Cuando se ha perdido el respeto al adversario y el objetivo de la acción de gobierno es que no gobierne el «otro» más que el llevar a cabo un legítimo programa refrendado en las urnas, el deterioro ha sido palpable.

Pues bien, nunca, desde que retomamos la senda democrática en 1977, se había emprendido una acción de gobierno más sectaria que la que vivimos en este tiempo. No es ya que el adversario sea molesto y se le combata. No es que se entienda que ese adversario está equivocado y se le rectifique con rigor y argumentos. No. Es simplemente que se le niega la legitimidad. Pero no solo al adversario político. Cualquier institución o particular que se atreva a alzar una voz discorde es inmediatamente tachado de fascista. Sin más. Sin punto intermedio. Sin discusión.

Por si esto fuera poco, hoy sabemos que se está yendo un poco más allá. Vamos descubriendo cómo, desde gente cercana al Gobierno y al partido que sostiene al Gobierno, se lleva tiempo trabajando para desacreditar al Poder Judicial en su conjunto y a una de las más respetadas instituciones de este país: la Guardia Civil. ¿Por qué? Por hacer su trabajo. Descubrir, investigar, juzgar y castigar –en su caso– conductas ilegales perfectamente descritas en el Código Penal y con sujeción al proceso establecido. El solo inicio de una causa por una denuncia es suficiente para poner en marcha la maquinaria de deslegitimación de la institución o persona en cuestión.

Puede que todo esto les parezca suficiente para exigir una corrección de rumbo, pero hay algo más grave todavía. Se está buscando desde hace mucho tiempo la división entre españoles. La confrontación entre distintos. Dejar de colaborar, de discutir para encontrar soluciones conjuntas y reemplazar el acuerdo por la imposición. Incluso la deslegitimación del adversario para participar en el debate mismo.

El 9 de junio se cumplirá un nuevo aniversario de uno de los más famosos discursos de la Transición –aunque en puridad, es el que abre las puertas de par en par–: el de Adolfo Suárez defendiendo la Ley de Asociaciones Políticas ante las Cortes en 1976, apenas un mes antes de ser nombrado presidente del Gobierno. Decía entonces que había que «elevar a nivel político de normal, lo que a nivel de calle era ya, simplemente normal.» Es difícil resumir mejor lo que iba a ser la Transición. Fue directo a la esencia, a esa diversidad política que ya existía y convivía pacíficamente en la sociedad española.

Si volvemos los ojos hacia esa misma sociedad de hoy en día, con esa frase en la mente, descubriremos que el enfrentamiento que se vive en la clase política no existe entre los españoles. Y si entre nosotros no existe, hora es ya de no tolerar más a nuestros politicos que nos arrastren por ese camino. Y quien más responsabilidad tiene, más culpable es.

Hoy ha querido la casualidad que, al arrancar la pagina correspondiente al día de ayer en un almanaque, la de hoy incluyera una frase de Adolfo Suárez: «Las elecciones no resuelven por sí mismas los problemas, aunque son el paso previo y necesario para su solución.» No quiero ahondar más en la disputa entre políticos. Es evidente que ha llegado la hora de solucionar los problemas y el paso previo e ineludible son las elecciones: devolver la palabra al pueblo español, juez supremo de nuestra actuación política.

Adolfo Suárez Illana es abogado