La democracia en busca de demócratas
En Weimar, la Constitución era avanzada, pero la cultura política no supo sostenerla: la legalidad fue usada para fines contrarios a su esencia. Algo semejante ocurre cuando, sin derogar constituciones, se vacían contrapesos, se colonizan instituciones y se persuade al ciudadano de que el poder de la mayoría es absoluto
La crisis de la democracia española no es institucional, sino moral. No padecemos un problema de leyes, sino de hombres. Confiar en que un texto constitucional garantista basta para asegurar convivencia y libertad es una ingenuidad peligrosa. «Las democracias mueren antes en el alma que en la ley». Tocqueville lo advirtió, y Julián Marías insistió en que: «la democracia es, sobre todo, una cultura moral: cuando esa cultura desaparece, lo demás se derrumba».
España ha depositado una fe casi supersticiosa en la norma y muy poca en la virtud cívica. Se ha confundido votar con ser demócrata, como si participar en elecciones fuera suficiente para sostener un régimen libre. Pero votar es solo la superficie; el fundamento es ético: respetar límites, amar la verdad, aceptar el pluralismo, cumplir la ley, incluso cuando perjudica. La democracia exige carácter. Cuando ese carácter se erosiona, el sistema se degrada aun cuando sus instituciones sigan funcionando.
Las democracias no suelen caer por golpes súbitos, sino por desfiguración interna. Desde la República de Weimar hasta Venezuela o ciertas derivas latinoamericanas, se repite el mismo patrón: la ley permanece, pero su espíritu se corrompe. La mayoría pasa a interpretarse como licencia para todo. En Weimar, la Constitución era avanzada, pero la cultura política no supo sostenerla: la legalidad fue usada para fines contrarios a su esencia. Algo semejante ocurre cuando, sin derogar constituciones, se vacían contrapesos, se colonizan instituciones y se persuade al ciudadano de que el poder de la mayoría es absoluto: democracias sin demócratas.
España muestra síntomas semejantes. La erosión es ética, no técnica. Se manifiesta en la colonización partidista de instituciones neutrales; en la sentimentalización de la política, convertida en concurso de emociones; en el desprecio hacia el adversario; en la degradación del lenguaje público, que sustituye precisión por agresividad; en la mutación del ciudadano crítico en seguidor tribal o clientelar.
Raymond Aron señaló que cuando «el debate deja de ser racional y pasa a ser lucha por el relato, la política se vuelve espectáculo y el ciudadano, espectador». Popper recordaba que: «no hay libertad sin control del poder», y ese control no lo garantizan solo las normas: hacen falta personas capaces de ejercerlo incluso contra sus afinidades. Los contrapoderes fracasan cuando quienes los ocupan se entienden como prolongación del Gobierno o la oposición, no como garantes del Estado.
La diferencia entre votante y demócrata es decisiva. Un demócrata acepta que la ley está por encima de su interés; reconoce el derecho del adversario a existir y no es un objetivo en sí mismo eliminarlo; entiende que la nación vale más que cualquier victoria partidista. Sabe que la democracia exige autocontención: gobernar no es agotar el poder, sino respetar límites, aunque sea legal ignorarlos.
Ese carácter democrático se expresa en varias actitudes básicas. La primera es la responsabilidad, incluida la disposición a dimitir cuando se ha vulnerado la confianza pública. En democracias maduras la dimisión no es derrota, sino higiene institucional. Donde nadie dimite, la responsabilidad se vacía. La segunda es el respeto a límites autoimpuestos: no manipular instituciones independientes, no usar el aparato del Estado con fines partidistas, no humillar al adversario, no convertir la integridad nacional en moneda parlamentaria. La democracia es poder bajo contención moral. La tercera es la recta concepción del dinero público: el demócrata sabe que no es botín, sino patrimonio común; que exige sobriedad, transparencia y ejemplaridad. A ello se suman veracidad, acatamiento de la ley, incluso cuando duele y defensa del pluralismo como riqueza.
Ninguna reforma constitucional resolverá esta crisis si no se recupera el espíritu que hizo posible la Transición: la concordia, la renuncia al maximalismo, la lealtad al bien común. La Transición no fue solo un pacto jurídico, sino un proyecto moral sostenido por personas que antepusieron España a sus biografías. Burke advirtió que:«la libertad depende de la moralidad pública». Tocqueville, que: «la democracia solo se sostiene sobre costumbres cívicas». Julián Marías, que: «el carácter democrático debe formarse antes que el propio sistema».
La tarea urgente es reconstruir la cultura cívica. España necesita una educación que no solo transmita conocimientos, sino que forme ciudadanos capaces de convivir, discernir y decidir con responsabilidad. Devolver valor a la verdad como bien público, a la ejemplaridad como deber y a la responsabilidad personal como esencia de la libertad. Sin regeneración ética, ningún diseño institucional impedirá que la democracia se convierta en un mecanismo vacío.
Aún no está perdida. Pero España se halla en ese punto en que las sociedades creen que «nada grave puede ocurrir», justo antes de que ocurra. La ventana de reversibilidad sigue abierta, aunque se estrecha. Cuando se degrada la cultura política, después las instituciones, y luego la confianza social, el sistema ya no se reforma: se sustituye.
No basta con tener una democracia; hay que merecerla. La defensa de la democracia no demanda heroísmo, sino una decisión tranquila: ser demócrata, incluso cuando conviene no serlo. España no necesita solo reformas: necesita demócratas. La clave para revertir la tendencia no reside en nuevas reformas constitucionales. Ninguna modificación técnica resolverá la crisis si no se recupera el espíritu que dio sentido a la Transición: el valor de la concordia, la renuncia al maximalismo, la lealtad al bien común y la convicción de que la democracia es un proyecto moral compartido, no un instrumento de poder.
El tiempo para decidirlo es ahora.
