El derecho a una información política veraz y sin tutelas periodísticas

Este es un artículo de análisis y reflexión sobre lo que está ocurriendo en nuestro país con los medios de comunicación y con la intención de una parte relevante de los españoles de votar a una formación política concreta.

En los últimos años, una parte muy significativa de la sociedad española ha sido etiquetada de forma despectiva como «facha». No por haber abandonado valores democráticos, sino por algo mucho más sencillo y legítimo: estar cansada de que la roben, la engañen y la traten como menor de edad política. Ese hartazgo tiene hoy una traducción clara tanto en las encuestas como en las urnas: el crecimiento sostenido de Vox.

Los datos demoscópicos son públicos y verificables. Distintos sondeos nacionales sitúan a Vox de manera recurrente entre el 16 % y el 18 % de intención de voto, consolidándolo como tercera fuerza política en España y segunda fuerza en ciudades de Extremadura, Aragón y Andalucía, con proyecciones que superan los 60 diputados. En encuestas autonómicas, como las de Aragón, los porcentajes se mueven en torno al 15-17,5 %, lo que confirma que no se trata de un fenómeno puntual ni marginal, sino estructural y con clara tendencia a consolidarse.

Sin embargo, esta realidad apenas tiene reflejo proporcional en muchos medios de comunicación. Resulta llamativo que la formación que más crece sea, al mismo tiempo, la más invisibilizada o tratada de forma abiertamente despectiva, mediante calificativos como ultras, fachas o extrema derecha. Algo que no ocurrió en su día con Podemos ni con Ciudadanos, cuando ambos emergieron con fuerza y fueron objeto de una cobertura intensa, constante y, en muchos casos, favorable. La vara de medir no es la misma. Y la pregunta es evidente: ¿por qué?

La pluralidad política desde los medios no consiste en aplaudir a todas las opciones, sino en informar sobre todas ellas con neutralidad, sin insultar a sus votantes ni cuestionar su legitimidad democrática. Los medios no pueden permitirse llamar ultras, fachas o extrema derecha a millones de españoles que votan a Vox cuando no hacen lo mismo con los partidos –y, por tanto, con los votantes– de la izquierda ni con los del PP, pese a sus contradicciones constantes, discursos incendiarios o cambios de posición según el territorio y la coyuntura, como ocurre en materias como inmigración, Mercosur o determinadas políticas identitarias o woke.

Vox, hasta donde alcanza el conocimiento público, es un partido democrático que, como todos, puede tener problemas internos, tensiones o errores, ni más ni menos que otras formaciones. La diferencia es que, hasta la fecha, no ha sido señalado ni condenado por corrupción, bien porque no ha gobernado o por otras razones, pero el hecho objetivo es ese. Y, en democracia, son los ciudadanos quienes juzgan, no los medios.

El problema no es la crítica política –que es legítima y necesaria–, sino cruzar la línea hacia la estigmatización ideológica. Cuando se insulta a ciudadanos por su opción política, se entra en un terreno incompatible con una democracia madura y plural. Ningún medio ni ningún tertuliano está legitimado para decidir qué opciones son «votables» y cuáles no.

En democracia, los españoles no necesitan tutelas ni manipulaciones. Bastante control institucional y mediático existe ya bajo el Gobierno de Pedro Sánchez como para añadir, además, una selección interesada de la información. Los ciudadanos tienen derecho a conocer todas las encuestas, todas las posiciones, todas las propuestas de país y todas las responsabilidades políticas, y a decidir su voto en libertad. La democracia no consiste en dirigir el pensamiento del votante, sino en respetar su capacidad de juicio, estemos o no de acuerdo con él.

En este país han gobernado y se han apoyado fuerzas políticas que han respaldado dictaduras como las de Venezuela, Cuba o Irán, o partidos con un pasado de manos manchadas de sangre como Bildu, sin que la crítica mediática haya sido ni remotamente comparable a la dirigida contra Vox. Y, sin embargo, a esta formación no se le permite siquiera que los ciudadanos conozcan sus propuestas con normalidad.

Informar sin sesgo en un sistema democrático no es una opción: es una obligación. Ocultar, minimizar o ridiculizar a la fuerza política que más crece en España no debilita a sus votantes; debilita a los medios que renuncian a su función esencial: informar.

Cada ciudadano debe votar lo que considere oportuno, pero con toda la información. Todas las opciones políticas son legítimas siempre que sean democráticas y, hasta donde sabemos, Vox lo es.