Venezuela no es una colonia

Las recientes declaraciones del presidente Donald Trump sobre Venezuela exigen una reflexión seria desde el derecho internacional, la democracia y la defensa de la soberanía de los pueblos. Afirmar que María Corina Machado «no tiene el respeto ni el apoyo suficientes para gobernar Venezuela», y manifestar que miembros de su Gabinete –como el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, o el director de la CIA John Ratcliffe— «gobernarán el país durante un período indeterminado», supone una afirmación de enorme gravedad política y jurídica.

Más preocupante aún resulta la aparente exclusión de elecciones libres en el corto plazo, bajo el argumento de que Venezuela es «un desastre» que primero debe ser «arreglado». Ninguna democracia occidental puede sostener seriamente que la suspensión de la soberanía popular y del derecho al sufragio sea el camino para reconstruir un país. Los estados no son colonias de otros estados. Y la democracia –con todas sus imperfecciones– sigue siendo el valor más importante y valioso de Occidente.

Conviene distinguir con claridad lo siguiente: Materializar una acción como la que Estados Unidos ha efectuado para derrocar a una narcodictadura criminal responsable de violaciones sistemáticas de los derechos humanos (asesinatos, represión política, corrupción estructural, narcotráfico y empobrecimiento masivo de la población), y, por otro lado, los detalles que poco a poco vamos conociendo.

La intervención norteamericana fue necesaria, comprensible y aplaudida internacionalmente y por millones de venezolanos dentro y fuera del país. Pero otra cosa muy distinta es actuar como si el derecho internacional no existiera, como si la soberanía de Venezuela fuera prescindible o como si el país pudiera ser administrado externamente al margen de su pueblo. Liberar a Venezuela de una dictadura no puede convertirse en el pretexto para transformarla en una colonia de facto.

Es evidente que las infraestructuras petroleras venezolanas necesitan tecnología, inversión y acuerdos internacionales para su recuperación. Nadie lo discute. Pero el petróleo es riqueza del pueblo venezolano, no un botín geopolítico. No puede ser saqueado ni gestionado al margen del interés nacional de Venezuela. Cualquier acuerdo debe respetar la soberanía, el derecho internacional y el principio de beneficio para la población venezolana.

Del mismo modo, mantener a Delcy Rodríguez –y con ella a toda la estructura del madurismo– en el poder, aunque sea de forma transitoria o encubierta, equivale a mantener a Maduro y a perpetuar la dictadura. Nada habrá cambiado si los responsables del terror, la represión y el exilio continúan controlando el Estado. No se puede hablar de transición democrática, actuando como si la legalidad internacional y la soberanía de los países fueran obstáculos molestos, y las elecciones democráticas, prescindibles.

Hoy hay millones de venezolanos en el exilio, dispersos por América y Europa, y millones más que permanecen en Venezuela viviendo con miedo, pero también con esperanza. Todos ellos esperan lo mismo: que Venezuela sea libre, que se celebren elecciones verdaderamente democráticas y que María Corina Machado pueda presentarse sin persecución, sin inhabilitaciones arbitrarias y sin trampas, como legítima candidata a la Presidencia de una Venezuela libre.

La comunidad internacional debe tener claro que el objetivo no es administrar Venezuela desde fuera, sino devolverla a su pueblo. La democracia no se «prepara» suspendiéndola. Se construye respetando la soberanía, garantizando elecciones libres y permitiendo que los venezolanos decidan su futuro sin tutelas coloniales ni dictaduras recicladas.

Venezuela no necesita nuevos amos. Necesita libertad, derecho y democracia. Y eso solo puede lograrse devolviendo la voz al pueblo venezolano y permitiendo que María Corina Machado pueda convertirse en presidenta de una Venezuela libre, si así lo deciden los venezolanos.