Tener la ESO ya no protege de la exclusión social en España: «Es el resultado de políticas fallidas»

En España 4,3 millones de personas viven en situación de exclusión social severa, de la que un tercio son menores, y a la que se suman buena parte de los 2,5 millones de jóvenes afectados por una precariedad estructural generada por empleos temporales y salarios bajos.

Son datos del IX Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, presentado este miércoles por Cáritas Española, que advierte sobre un proceso inédito de fragmentación social en España en el que se contrae la clase media desplazando a muchas familias hacia estratos inferiores.

En 2024, la exclusión severa se situó un 52 % por encima de 2007, destaca el estudio que incide en que tras dos décadas de crisis encadenadas la recuperación no ha impedido que España cuente con una de las tasas de desigualdad más altas de Europa.

«Vivimos en una sociedad ecológicamente vulnerable, anímicamente desasosegada y socialmente desgarrada», ha explicado Raúl Flores, coordinador del informe realizado por un equipo de 140 investigadores procedentes de 51 universidades, centros de investigación y entidades del Tercer Sector, basado en una encuesta a 12.289 hogares en todo el país.

La ESO ya no protege

Si una persona no consigue completar estudios superiores a la ESO, su riesgo de caer en exclusión severa se multiplica por 2,7.

Los hijos de personas con bajo nivel educativo tienen más del doble de probabilidades de caer en situaciones de pobreza que los de progenitores altamente formados. «La exclusión social se hereda, y es necesario actuar». Como ejemplo, dos niños de 10 años, con la misma capacidad, pero con mochilas diferentes.

Sofía tiene padres con estudios superiores, habitación propia y si falla el sistema cuenta con apoyo; Hugo, progenitores con ocupaciones elementales, preocupados por el alquiler y viviendo en piso compartido. «Hugo tiene el doble de probabilidades de ser pobre, no terminar la ESO y si fuera extranjero, su riesgo de pobreza se multiplicaría aún más».

Políticas fallidas

El 69 %, la gran mayoría de las personas en exclusión, son españolas. «Lo que vemos no es un problema inherente al origen, sino el resultado de barreras estructurales y políticas fallidas», apostilló.

«No son situaciones elegidas por la persona sino construidas y no remediadas por el sistema», ha señalado.

Sin embargo, los datos muestran una brecha persistente y preocupante: casi la mitad (47,4 %) de la población de origen inmigrante está en exclusión, una tasa que casi triplica la de la población autóctona (15,3 %).