El Instituto para las Obras de Religión, también conocido como el banco vaticano, ha reclamado que los imputados en un juicio por supuestas irregularidades financieras devuelvan 206 millones de euros malversados. Así lo ha pedido el abogado que representa a la institución en la audiencia del proceso celebrada en la tarde de este miércoles en el Vaticano.
Roberto Lipari, el letrado del Instituto para las Obras de Religión, se ha personado en la vista como parte civil y ha pedido «la condena de los imputados y la verificación de sus responsabilidades penales», así como «la condena a devolver todo lo que ha sido ilegalmente sustraído». El abogado cuantificó en 700 millones los euros malversados durante 16 años, pero finalmente estipuló la solicitud de restitución en 206 millones y medio.
El abogado ha sostenido que el primer «damnificado» por los hechos juzgados es el Papa, ya que los imputados malversaron 700 millones de euros durante años desembolsados por el banco para sus actividades, cantidades que gestiona la Secretaría de Estado. Además, ha estimado en 287.494 euros el perjuicio «moral y de reputación» a la entidad, basándose en un informe pericial.
Por otro lado, la abogada Paola Severino, que representa a la Secretaría de Estado como parte civil en el proceso, ha pedido que se condene a los acusados a otra indemnización de 177.818 millones también por daños en la reputación y para financiar «una campaña» que restaure su dañada imagen a nivel global.
El Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano juzga desde julio de 2021 a diez personas, entre ellas el cardenal Angelo Becciu, por una serie de irregularidades en la gestión de los fondos del Vaticano y la fraudulenta compra de un edificio de lujo en el centro de Londres, una operación que terminó en extorsión y causando un agujero millonario en las cuentas de la Santa Sede.
Según Severino, el inmueble fue «sobrevalorado» hasta en 101 millones de dólares de más, lo que «perjudicó» a la institución vaticana en la transacción. La abogada también recordó un proyecto de extracción de petróleo en Angola que fracasó «permitió acceder al control de los activos de la Secretaría de Estado» a terceras personas,
El fiscal del Vaticano, Alessandro Diddi, ha pedido la condena de 7 años y tres meses de prisión para Becciu, que entre 2011 y 2018 fue número dos de la Secretaría de Estado vaticano y el primer cardenal en sentarse en el banquillo de los acusados. Por otro lado, los imputados ascienden a diez, entre Becciu, funcionarios de la Santa Sede, banqueros e intermediarios, y en total Diddi pidió un total de 73 años y un mes de prisión, además de penas de inhabilitación y multas.