La fuga de los médicos españoles se agravará con las medidas que impondrá Mónica García

Impedir la formación en hospitales privados durante los primeros cinco años y exigir que los directivos trabajen exclusivamente en la sanidad pública son dos de las medidas que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha incluido dentro del Estatuto Marco, ya entregado a las comunidades y sindicatos. Estas medidas han levantado un gran revuelo en la sociedad médica, ya que dará más motivos a los facultativos para irse de España; entre otras cosas, por los salarios.

La situación de nuestro país en lo que a la sanidad se refiere es alarmante. A las consultas colapsadas, la inminente jubilación de muchos médicos sin un relevo, se le suma un problema mayor: la fuga de los profesionales a otros países donde puedan trabajar con menos presión, realizar menos guardias y recibir un salario digno tras el esfuerzo que han hecho para llegar donde están y salvar las vidas de muchos de los ciudadanos.

Las medidas de la cartera de Mónica García son contrarias a la situación que atraviesa España en cuanto a Sanidad. Primero, trata de saturar la salud pública, quitándole a los funcionarios el concierto sanitario de Muface. Y ahora, busca quitar a la privada el mayor número de facultativos posible. Aunque el motivo no se ha aclarado públicamente, sí se sabe, según un informe de su departamento, que hay una carencia de 5.874 doctores en el total de las especialidades de nuestro país. Una cifra que no se podrá solucionar a corto plazo.

En el pasado 2023, según el sindicato Amyts, un total de 500 facultativos se dieron de baja de la colegiación tras solicitar el certificado de idoneidad profesional para trabajar fuera de España. Un dato preocupante, suponiendo un 40 % más a la de un año antes.

La fuga de facultativos en España cada vez es más alarmante. Y es que, los motivos que les mueven a buscar mejor suerte fuera del país son claros: el sueldo, las condiciones de trabajo y la consideración que se les tiene en otra nación, publica en sindicato madrileño en un comunicado.

En vez de hablar con las comunidades para mejorar las condiciones de los facultativos, García presiona más la situación, y es que el salario promedio de un médico en España es de 54.200 euros brutos anuales, es decir, 2.940 euros netos al mes. Cifra que se ve reducida hasta los 35.300 euros brutos anuales para aquellos que menos perciben, como es el caso de los interinos o sustitutos. Asimismo, los que más cobran pueden llegar a recibir hasta 140.000 euros brutos al año. Una cifra muy baja si se compara con la del resto de países europeos, como por ejemplo Reino Unido, donde se reciben hasta 214.537 euros.

A esto se le suma la exclusividad en la pública. Aquí, incluso Amyts, sindicato cercano ideológicamente a la ministra, advierte que será contraproducente, ya que dificultará la búsqueda de profesionales que quieran acceder a estos puestos. Además, afirma que esta situación puede suponer «un incremento retributivo de apenas 300 euros brutos al mes», a pesar de toda la responsabilidad y de todo el trabajo que conlleva el puesto.

Por último, la OMC, insatisfecha con la imposición de la ministra, apoya las palabras del sindicato y apunta que esta medida, planteada con el objetivo de paliar el déficit de profesionales en el sistema sanitario público, no solo no aborda «las raíces del problema», sino que podría generar «efectos contraproducentes a medio plazo». Por el contrario, estas políticas suelen fomentar «el estrés, la insatisfacción laboral y la migración de profesionales» hacia entornos menos restrictivos.