Aniversario pandemia  Se cumplen cinco años del decretazo de Sánchez que impuso el estado de alarma inconstitucional

Hace cinco años que los parques se cerraron para los niños, que los abuelos no podían ver a sus nietos, que la palabra ERTE resonó en los trabajos que no podían hacerse desde casa, y que las clases dejaron de ser presenciales para darse por una 'camarita'. Este viernes se cumplen cinco años desde que España entera se paralizó por orden de Pedro Sánchez. Concretamente, por un estado de alarma inconstitucional.

«Acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario, para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España». Con estas palabras, el presidente del Gobierno comunicó a toda la población que sus derechos iban a quedar cancelados durante «los próximos 15 días».

Un día después del anuncio, el aislamiento se hizo realidad y todos los ciudadanos fueron encerrados en sus casas para así, según apuntó el jefe del Ejecutivo, garantizar «las condiciones de vida adecuadas» para frenar la pandemia con «la menor afectación posible». El cumplimiento era obligatorio. Tanto, que Gobierno, gracias a su Ley Mordaza recaudó 405 millones de euros.

Con la imposición del estado de alarma, un instrumento de nuestro Estado de derecho, recogido por nuestra Constitución, Sánchez también privó a los españoles de la libre circulación.

Durante este largo proceso, que no duró solo los 15 días, sino que se extendió durante siete meses y 24 –la Comunidad de Madrid 15 días más–, los ciudadanos no pudieron viajar a otras comunidades, decisión errónea por pate del Gobierno, ya que, según la Ley Orgánica 4/1981, del 1 de junio, que regula el estado de alarma, el Estado tiene la potestad de limitar la circulación, pero no prohibir.

Siguiendo el mismo modus operandi, el jefe del Ejecutivo también mandó cerrar todos los comercios no esenciales. Solo se salvaron las cadenas de alimentación, bebidas y productos de primera necesidad. Lo mismo pasó con los comercios de hostelería, quedando solo exentos aquellos que podían prestar servicio a domicilio. Esto ahogó a los autónomos, quienes muchos, debido a las circunstancias y a las escasas ayudas, como el permiso retribuido recuperable, tuvieron que cerrar sus negocios.

La libertad del Gobierno para manipular a los españoles duró poco. En abril de 2021, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el confinamiento, ya que esta medida «no permite la suspensión de los derechos». La sentencia obligó al Ejecutivo a revisar y devolver todas las multas puestas durante el aislamiento domiciliario. En total, desde el 13 de marzo de 2020 se registraron 1.142.127 sanciones.

Dos meses después, la situación para Sánchez continuó empeorando. El Constitucional volvió a declarar inconstitucional el segundo estado de alarma, puesto que, con el real decreto, quedó «cancelado el régimen de control» que correspondía al Congreso de los Diputados bajo dicho estado.

Iglesias decidió el cierre de Madrid

Meses más tarde del primer confinamiento, el Consejo de Ministros, mediante un nuevo decretazo, impuso un nuevo estado de alarma para encerrar, una vez más, a los españoles. Madrid, que por esas fechas era una de las comunidades con un mayor número de contagios –puesto que Sánchez durante las vacaciones levantó las restricciones–, quedó confinada.

Según la información entregada en primer momento, esa decisión la tomó Salvador Illa, exministro de Sanidad. Sin embargo, según desvela en su libro El año de la pandemia: Del estado de alarma al inicio de la vacunación, fue Pablo Iglesias, en aquel momento vicepresidente del Gobierno, el que le dio ánimos a tomar la decisión: «Sin ninguna duda, adelante».

El actual presidente del Gobierno de Cataluña relata en su libro que decidió llamar a Iglesias un día antes del encierro porque Sánchez se lo había pedido expresamente: «Antes de llamar a Díaz Ayuso, el presidente me pidió que llamara al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, para recabar su opinión», relata.

Tras acabar la reunión con el que fuera el líder de Podemos, Sánchez llamó a Ayuso y le presentó tres escenarios. Primero, que la presidenta cerrase Madrid. Segundo, que pidiese al presidente de España cerrar la capital. Por último, que fuese Gobierno de España quien declarase el estado de alarma, sin necesidad de que se formule previamente una solicitud. Las tres fueron ideadas con el mismo objetivo: cerrar Madrid, que se encontraba a las vísperas de un puente.

Al tomar esta decisión sabían bien lo que hacían, tanto que consiguieron tumbar todas las medidas que la Comunidad de Madrid estaba llevando a cabo para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos. A pesar del intento por acabar con la política de la presidenta, la OMS comunicó que la estrategia de Madrid estaba siendo «la adecuada».

La situación, que parecía remar a favor de los socialistas, ya estaba truncada un día antes de las llamadas, ya que el Tribunal Suprior de Justicia de Madrid (TSJM) tumbó la propuesta de Illa para cerrar de forma inminente Madrid porque su propuesta no contenía «una habilitación legal» para el establecimiento de «medidas limitativas de derechos fundamentales».