Del Parlamento al dogma: así impulsa Bruselas la ECI del aborto

En la audiencia pública dedicada a la Iniciativa Ciudadana Europea (ECI en sus siglas en inglés) «My Voice, My Choice: For Safe and Accessible Abortion», celebrada este martes en el Parlamento Europeo, la escena transmitió algo muy distinto a lo que debería ser un ejercicio institucional de neutralidad y escucha. Lo que debía ser un contraste crítico de argumentos ante varias comisiones de Parlamento Europeo -entre ellos LIBE (Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior), SANTÉ (Comisión de Salud Pública), PETI (Comisión de Peticiones)- y la participación directa de la Comisión, se convirtió en un acto de respaldo casi unánime, donde los representantes institucionales parecían más interesados en aplaudir la iniciativa que en examinar sus implicaciones jurídicas, políticas y de soberanía.

La presentación se encajó sin dificultad dentro de la etiqueta de «salud pública», una maniobra que permite esquivar el hecho esencial: lo que propone la iniciativa no es una mejora sanitaria (pues el aborto no cura ninguna enfermedad), sino una puerta para burlar la competencia de los Estados miembros a quienes corresponde legislar en esta materia. Muchos Estados miembros no reconocen la práctica abortista como un servicio sanitario público exigible, ni hay homogeneidad en el tratamiento legal del aborto por parte de los estados que lo admiten. Así, bajo el paraguas de la salud pública, se está buscando promover la idea de imponer un estándar común europeo en un ámbito que corresponde a la competencia nacional, exclusivo de cada país.

La actitud mostrada no es nueva: no es la primera vez que la Comisión Europea utiliza la apariencia de representación ciudadana como palanca para promover propuestas que, de otro modo, encontrarían mayor resistencia. La dinámica se repite: una ECI que cumple los requisitos formales se presenta como la voz directa de los europeos, mientras las instituciones se alinean de inmediato con su contenido, generando una sensación evidente de complicidad, al menos a la vista de la cordialidad reinante durante la vista pública. De este modo, lo que debería ser un canal participativo se pervierte, convirtiéndose en herramienta para justificar iniciativas que tensan los tratados europeos, erosionan la subsidiariedad y reducen la capacidad de los Estados miembros para conservar competencias esenciales en materias éticamente sensibles.

La audiencia de este martes evidenció esa deriva. Más que escuchar, se celebró. Más que examinar, se bendijo. Y más que un debate sobre la pluralidad europea, se proyectó una única interpretación posible del concepto de «valores europeos», que coincide con una agenda ideológica emergente dentro de las instituciones. En esta agenda, las organizaciones de la sociedad civil que aportan estudios científicos, análisis sociológicos, fundamentos antropológicos o simples llamadas al sentido común quedan relegadas, cuando no directamente deslegitimadas, por el mero hecho de no encajar con el actual marco moral promovido por Bruselas. Así ocurrió con una de las organizaciones pioneras en la promoción de las políticas de familia, que por mencionar en su propósito fundacional a la familia tradicional, recibió un portazo institucional y se ha quedado sin posibilidad de recibir ayudas europeas (que todos pagamos) porque (cita textual): «no se haya alineada con los valores europeos».

Tras la audiencia de este martes, todavía queda recorrido formal. La Comisión emitirá su respuesta oficial a la iniciativa. Posteriormente, el asunto llegará a la sesión plenaria del Parlamento Europeo, cuyo debate está ya programado para el 18 de diciembre de 2025. A partir de ahí, y si las instituciones continúan en la línea mostrada, la Comisión podría proponer un texto legislativo que, de prosperar, se convertiría en vinculante para todos los Estados miembros. Se trataría, en la práctica, de la imposición de un derecho al aborto con cobertura estructural en toda la Unión, independientemente de la legislación interna de cada país y de las sensibilidades nacionales en juego.

El proceso avanza con rapidez, con el entusiasmo de las instituciones y sin los contrapesos críticos que deberían caracterizar un debate de esta envergadura. Frente a ello, la exigencia democrática es clara: Europa no puede permitirse confundir participación con manipulación, ni pluralismo con pensamiento único. Lo que se ha visto en Bruselas no ha sido un ejercicio de escucha, sino el preludio de un intento de convertir una iniciativa ciudadana financiada por lobbies afines al aborto, en un instrumento para redefinir, desde arriba, lo que Europa (los europeos) deben pensar, legislar y aceptar.

Es precisamente ahora cuando la vigilancia y el debate real se vuelven indispensables, porque lo que está en juego no es solo un texto legislativo, sino la libertad de los Estados y de la sociedad civil para sostener visiones diferentes dentro de un continente que, en teoría, se construyó sobre la libertad enmarcada por la aceptación de la dignidad de toda vida humana.