(Foto de ARCHIVO) Decenas de personas durante la manifestación organizada por el Foro de Madrid Contra la Violencia a las Mujeres
Feministas muestran «indignación» ante el traslado de un preso a un módulo femenino tras cambiarse de sexo
Han interpelado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «para que asuma su responsabilidad política por haber impulsado y sostenido una ley que está generando situaciones de riesgo reales para las mujeres»
Feministas de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres han mostrado «indignación y alarma» ante el traslado de un preso a un módulo femenino tras iniciar un proceso de cambio registral de sexo.
«Este hecho no es un incidente aislado ni imprevisible. Es la consecuencia directa de una legislación que, desde su aprobación, ha sido reiteradamente advertida como generadora de riesgos para la seguridad y los derechos de las mujeres», ha asegurado la organización de mujeres tras conocer el caso y sobre la conocida como Ley Trans.
En este sentido, ha exigido la «derogación inmediata» de la legislación vigente en materia de autodeterminación registral del sexo (Ley Trans), la revisión «urgente» de los protocolos penitenciarios, «garantizando que los módulos de mujeres sean espacios seguros basados en la segregación por sexo», y la adopción de criterios que «prioricen la seguridad y los derechos» de las mujeres, especialmente en contextos de «especial vulnerabilidad» como el sistema penitenciario.
En esta línea, ha interpelado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «para que asuma su responsabilidad política por haber impulsado y sostenido una ley que está generando situaciones de riesgo reales para las mujeres». «No es aceptable seguir ignorando las consecuencias. Cada nuevo caso confirma que no estamos ante supuestos hipotéticos, sino ante una realidad que afecta a la seguridad de mujeres», ha subrayado.
La organización ha afirmado que las cárceles «constituyen el paradigma de un espacio bajo custodia estatal». En ellas, ha añadido que «las mujeres no pueden elegir, ni abandonar, ni protegerse por sí mismas». «Dependen exclusivamente del Estado para garantizar su integridad física, su intimidad y su seguridad», ha agregado.
Del mismo modo, ha advertido de que permitir la entrada en módulos de mujeres de personas que «son biológicamente varones», y en este caso concreto de un condenado por múltiples asesinatos, «supone una quiebra inadmisible de esa obligación básica de protección». «Se trata de una vulneración grave del principio de seguridad en espacios segregados por sexo, concebidos precisamente para evitar situaciones de riesgo, intimidación o violencia», ha recalcado.
