Asociaciones proeutanasia piden facilitar aún más su acceso pese a las 1.668 muertes realizadas en solo 5 años

Hace cinco años que Carolina Darias, exministra de Sanidad, aseguraba estar «orgullosa» porque conseguido crear una sociedad «más justa, más equitativa, más generosa, pero, sobre todo, más decente». No se refería a los profesionales de la Sanidad, que por aquel momento estaban salvando a miles de personas enfermas por el coronavirus, sino a que «por fin» el Congreso de los Diputados había dado luz verde a la ley de la eutanasia, una norma que ha matado ya a 1.668 ciudadanos.

A pesar del dolor que está causando la cultura de la muerte, sigue impulsándose, las organizaciones que la defienden continúan reclamando medidas para agilizar la aplicación. Loren Arseguet, presidenta de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), ha manifestado que «la eutanasia debe ser accesible, equitativa y eficaz». Así, ha exigido un protocolo asistencial común para todas las comunidades autónomas con el objetivo de facilitar el acceso a esta práctica, reconocida como un derecho en España desde hace cinco años.

Arseguet ha mostrado su preocupación por las diferencias existentes entre territorios y ha defendido la necesidad de estandarizar los procedimientos para reducir los plazos y evitar lo que considera obstáculos administrativos. Entre sus propuestas figura la creación de unidades específicas de eutanasia en cada comunidad autónoma, encargadas de asesorar tanto a los ciudadanos como a los profesionales sanitarios implicados en la tramitación de estas solicitudes.

La dirigente de DMD también ha abogado por implantar una red de profesionales de referencia especializados en eutanasia para acompañar a otros médicos durante el proceso. Asimismo, ha planteado mecanismos para registrar todas las solicitudes y compensar a los sanitarios que participen en estas intervenciones.

Las declaraciones han reabierto el debate sobre el modelo de atención al final de la vida. Los críticos con la eutanasia sostienen que los esfuerzos deberían dirigirse prioritariamente a reforzar los cuidados paliativos y la atención integral a los pacientes, en lugar de impulsar estructuras destinadas a facilitar la muerte provocada. Diversas organizaciones provida consideran que el verdadero reto pendiente es garantizar que ninguna persona solicite la eutanasia por falta de apoyo médico, psicológico, social o económico.

Respecto a la sanidad privada, Arseguet ha lamentado el reducido número de eutanasias realizadas en este ámbito y ha reclamado una mayor implicación de las administraciones para garantizar la aplicación de la ley. Por su parte, desde sectores contrarios a esta práctica se insiste en la necesidad de proteger la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios y de reforzar las alternativas asistenciales antes de promover nuevas medidas destinadas a acelerar los procedimientos.

Por último, los representantes de DMD se han referido a la propuesta debatida en el Congreso para acortar los plazos judiciales en los casos de eutanasia, una iniciativa que, a su juicio, podría encontrar dificultades para salir adelante en el actual contexto parlamentario.