Comienza el juicio contra Greenpeace que amenaza su bancarrota en Estados Unidos

El juicio en Estados Unidos por la demanda de la empresa Energy Transfer (ET) contra Greenpeace, en la que reclama 300 millones de dólares (unos 287 millones de euros) por las protestas contra un oleoducto y que podría llevar a la quiebra a la organización ecologista en el país, comenzó este lunes con la selección del jurado.

ET, dedicada al transporte de gas natural y propano, exige una compensación por los supuestos daños causados por Greenpeace al «incitar» las protestas de la tribu sioux de Standing Rock en 2016 contra la construcción del oleoducto Dakota Access, en el norte del país. Estas manifestaciones retrasaron el proyecto y aumentaron sus costos.

Según el diario North Dakota Monitor, el juicio se prolongará aproximadamente cinco semanas, incluyendo los primeros días dedicados a la selección del jurado. Durante la sesión inicial de este lunes, en la que se presentó un primer grupo de 30 candidatos, el juez James Gion advirtió que el caso tendrá «un gran impacto en mucha gente».

En un comunicado, Greenpeace informó que representantes de Greenpeace International (GPI) y de sus filiales en EE.UU. estuvieron presentes en el tribunal de Dakota del Norte, donde se lleva a cabo el juicio. La ONG también señaló que los esfuerzos de medios de comunicación y otras organizaciones por garantizar un mayor acceso y transparencia en el proceso no han tenido éxito.

El juez Gion ha rechazado las solicitudes de la prensa para tomar fotografías o grabar dentro de la sala, así como las peticiones para que el proceso pueda ser transmitido en directo.

Deepa Padmanabha, principal asesora legal de Greenpeace en EE.UU., advirtió que este caso, además de afectar a la organización, podría «sentar precedentes legales peligrosos, exponiendo a cualquier persona que participe en protestas a ser considerada responsable de las acciones de otros».

El caso ha sido señalado como un ejemplo de Demanda Estratégica contra la Participación Pública (SLAPP, por sus siglas en inglés), un tipo de litigio civil cada vez más empleado por corporaciones, políticos y otros grupos de poder para silenciar a activistas, opositores y periodistas.

Kristin Casper, abogada principal de Greenpeace International, destacó este lunes el respaldo recibido a nivel global, incluyendo una carta abierta que exige el fin del juicio. Además, adelantó que la organización explorará vías legales en los Países Bajos, donde tiene su sede, para recuperar los costos del proceso.