Telefónica protege su producto estrella y exige más bloqueos para luchar contra la piratería en el fútbol

Telefónica ha endurecido su postura frente a la piratería de contenidos, especialmente deportivos, reclamando a Europa un marco legal más estricto y vinculante.

Esto supone que la empresa española se coloca frente a una durísima batalla social y política por el impacto de los bloqueos masivos en la red. Su posición, expuesta en documentos oficiales ante la UE, sube la tensión entre la protección de los derechos de autor y la integridad de la infraestructura digital.

La crítica social responde a que la venta de los derechos del fútbol a Movistar por parte de LaLiga obliga a los espectadores a contratar productos que pueden no necesitar o que son más baratos en otras compañías como el fijo, el móvil o la conexión a internet. Mientras que en plataformas como Dazn no se condiciona la contratación, los precios en Movistar pueden ascender a 180 euros mensuales con LaLiga, la Champions, dos líneas de móvil e internet.

Contenidos pirateados

Telefónica considera que la actual Ley de Servicios Digitales (DSA) es insuficiente para frenar la piratería, por su carácter no vinculante y la falta de obligaciones claras para todos los intermediarios de Internet. Según la compañía, entre el 43 % y el 46 % de los usuarios españoles acceden a contenidos pirateados, lo que justifica la necesidad de un reglamento europeo que imponga medidas obligatorias y adaptadas a la realidad tecnológica actual.

Entre las medidas propuestas, Telefónica destaca:

Obligación de eliminar emisiones ilegales en directo en menos de 30 minutos tras la notificación.

Extensión de los requisitos del artículo 16 de la DSA a más tipos de intermediarios, incluidos servicios de hosting, DNS, VPN y CDN.

Programas trusted flaggers para la retirada técnica de enlaces y portales piratas.

Mecanismos legales adaptados para hacer frente a tecnologías de ocultación como VPN, ECH y QUIC, y a redes P2P como Acestream, responsables de hasta el 40 % del tráfico pirata de deportes en directo.

La operadora denuncia la falta de cooperación de intermediarios como Cloudflare, a quienes acusa de incumplir sentencias judiciales y de obstaculizar la lucha contra la piratería al no colaborar en el bloqueo de servicios ilegales

Bloqueos masivos

La aplicación de bloqueos «dinámicos» de IPs, dominios y URLs —autorizados judicialmente y ejecutados por Telefónica y otras operadoras— ha generado una importante polémica tanto entre los ciudadanos como entre los partidos políticos. El método, que busca impedir la retransmisión ilegal de partidos de fútbol, ha provocado la inaccesibilidad de miles de webs y servicios legítimos, desde plataformas de pago y videojuegos hasta webs de instituciones públicas y bancos.

Este fenómeno, calificado por algunos como «auténticos apagones digitales», ha llegado al Congreso de los Diputados. El Bloque Nacionalista Gallego (BNG) ha exigido al Gobierno que intervenga ante lo que califica como «prácticas abusivas y descontroladas» por parte de LaLiga y Movistar, denunciando que los bloqueos masivos afectan a empresas, instituciones y servicios esenciales, y vulneran derechos fundamentales como la libertad de información y de empresa.

El conflicto ha escalado a los tribunales: Cloudflare ha demandado a LaLiga por implementar bloqueos que, según la empresa estadounidense, son indiscriminados y ponen en peligro la neutralidad de la red y el acceso libre a Internet. LaLiga, por su parte, acusa a Cloudflare de no colaborar en la identificación y eliminación de contenidos pirata y de proteger a organizaciones criminales usando a sus clientes legales como «escudo digital».

Sin protección

Mientras Telefónica y LaLiga defienden la necesidad de medidas contundentes para proteger la industria audiovisual y los derechos de autor, la discusión sobre los bloqueos masivos ha puesto en evidencia la falta de un marco claro que proteja tanto a los titulares de derechos como a los usuarios y prestadores de servicios digitales. El Gobierno, hasta ahora, se ha limitado a afirmar que «respeta las decisiones judiciales», sin valorar públicamente las consecuencias de su aplicación indiscriminada. No es momento de meterse en este charco y más en un momento tan delicado para el Ejecutivo, pero es conocido el interés por frenar a Javier Tebas, presidente de LaLiga. Su postura ideológica contraria al gobierno progresista es suficiente para que desde el CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, traslade al TAD cualquier denuncia en contra de Tebas y que alguna sentencia acabe en su inhabilitación aunque, de momento, todas han sido archivadas.

Desde el CSD Uribes da parte al TAD de todas las denuncias contra Tebas en busca de una futura inhabilitación

La presión política y social crece, y la batalla judicial entre LaLiga y Cloudflare podría sentar un precedente sobre los límites del control privado en la red. Por el momento, la guerra contra la piratería sigue abierta y cada jornada de fútbol de la próxima temporada se convertirá en un nuevo episodio de apagón digital para millones de usuarios españoles.

Telefónica reclama un marco legal europeo más estricto y dinámico para combatir la piratería, critica la falta de cooperación de intermediarios tecnológicos y defiende los bloqueos judiciales. Los intermediarios se defienden y los perjudicados piden que se ponga fin a estos bloqueos masivos. El Gobierno no toma parte y el fútbol vuelve el 14 de agosto.