El Gobierno tensiona el sector de las telecos imponiendo un descuento del 25 % en internet

El Ministerio para la Transformación Digital ha puesto sobre la mesa un proyecto de real decreto que obliga a todas las operadoras a aplicar un descuento mínimo del 25 % en la factura de internet fijo a los hogares con rentas bajas, principalmente beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV). El Ejecutivo calcula que alrededor de 800.000 familias podrán acogerse a esta rebaja, que se integrará en el nuevo marco del servicio universal de telecomunicaciones a partir del 1 de enero de 2027.

Sobre el papel, la medida busca que la conectividad deje de ser una barrera económica para los más vulnerables, en un momento en el que el acceso a internet se ha convertido en requisito para trámites públicos, educación o empleo. Pero la forma elegida para conseguirlo con la imposición de un recorte fijo sobre las tarifas de mercado, pone en duda si es la manera más eficaz y sostenible de cerrar la brecha digital o simplemente se traslada la factura de la política social a un sector ya muy tensionado.

De Telefónica al resto del sector

Hasta ahora, el peso del servicio universal recaía casi en exclusiva en Telefónica, designada por el Gobierno año a año ante la falta de interés del resto de operadores en asumir un servicio considerado deficitario. Con el nuevo modelo, la obligación se reparte y cualquier teleco que opere en una zona tendrá que ofrecer la tarifa bonificada dentro de su cobertura, manteniendo el descuento del 25 % para los clientes que cumplan los requisitos de renta.

El cambio socializa la carga en un momento delicado para el negocio de banda ancha en España, marcado por subidas de tarifas para compensar costes y por una intensa guerra comercial por captar clientes. En la práctica, el riesgo es que el descuento se compense con precios al alza para el resto de usuarios, paquetes más agresivos o recortes de inversión en zonas menos rentables.

Más obligaciones, mismos ingresos

La rebaja en la factura llega acompañada de la exigencia de que la velocidad mínima garantizada en el servicio universal pase de 10 a 100 Mbps. La norma busca asegurar que incluso los hogares vulnerables accedan a conexiones capaces de soportar videollamadas, teletrabajo o educación sin quedar relegados.

Sin embargo, esa mayor calidad no tiene una compensación económica para las empresas, que deberán soportar a la vez más obligaciones técnicas y menos ingresos por cliente vulnerable. En España la fibra y el 5G han avanzado gracias a una fuerte inversión privada y el temor de los operadores es que un nuevo paquete de cargas regulatorias acabe enfriando los planes de despliegue en las áreas menos rentables, justo donde la brecha digital es más profunda.

La rebaja en la factura llega acompañada de la exigencia de que la velocidad mínima garantizada en el servicio universal pase de 10 a 100 Mbps

El Gobierno defiende esta reforma como un paso decisivo en su estrategia para reducir la brecha digital y garantizar una conectividad asequible en todo el territorio. Pero el historial de programas públicos no ayuda a disipar las dudas. Iniciativas como UNICO Demanda Rural, pensadas para llevar banda ancha a la España vaciada, han sufrido una baja ejecución y han obligado a devolver parte de los fondos europeos mientras Starlink arrasa en la España rural.

Ese precedente planea ahora sobre el nuevo descuento obligatorio ya que si el diseño económico no encaja (poco margen para las telecos, demasiada burocracia para los usuarios...), el riesgo es acabar con un esquema que ni entusiasme a las compañías ni llegue de forma sencilla a todas las familias que lo necesitan.

Vía tarifa o vía Presupuestos

Los expertos llevan tiempo cuestionando el modelo que convierte a sectores regulados como la energía o las telecomunicaciones en vehículos casi exclusivos de la política social y que cargan sobre sus balances medidas que quizá deberían financiarse directamente vía Presupuestos Generales del Estado.

Un descuento fijo del 25 % puede ser un salvavidas para muchas familias, pero también corre el riesgo de ser insuficiente para los más pobres y, al mismo tiempo, un subsidio innecesario para otros hogares que sí podrían asumir la tarifa completa. Además, fijar por decreto un porcentaje puede dejar poco espacio a soluciones más creativas, como tarifas ultrabásicas, planes comunitarios o modelos de prepago social diseñados específicamente para estos usuarios.

Aunque la medida tiene un objetivo difícilmente discutible como es abaratar internet a quienes peor lo pasan, vuelve a tener una ejecución que pone en las telecos la responsabilidad de sostener una parte del escudo social, sin garantizar que el esfuerzo se traduzca en una conectividad mejor y más justa en todo el país.