Plataformas de financiación participativa: los 'banqueros Z'
El acceso del público en general a operaciones financieras estaba reservado hasta hace unos años a una minoría especializada en su formación
Todo comenzó en un banco, sí, un simple mueble colocado en la vía pública, a poder ser a la sombra y en zona y horario de mucho tránsito. Eran los orígenes de la banca. Un hombre que prestaba dinero a la gente que lo necesitaba. Y no fue hace mucho, el oficio de banquero.
La actividad bancaria se ha desarrollado tradicionalmente con tres tipos de entidades: bancos, cajas de ahorros y, en muy inferior proporción, cooperativas de crédito.
En este artículo vamos a hablar de unas entidades, podríamos decir «menores»: las 'plataformas de financiación participativa' y que podemos encontrar en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores donde aparecen inscritas y cuyo último registro parece que es el número 35 y corresponde con la inscripción realizada el 10 de marzo de 2023.
Reguladas por la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial.
«El título V establece por primera vez un régimen jurídico para las plataformas de financiación participativa, dando cobertura a las actividades comúnmente denominadas como «crowdfunding». Estas plataformas, que constituyen un novedoso mecanismo de desintermediación financiera desarrollado sobre la base de las nuevas tecnologías, han crecido de manera muy significativa en los últimos años. El «crowdfunding» es un fenómeno con diversas manifestaciones, si bien sólo se pretende regular aquí las figuras en las que prime el componente financiero de la actividad o, dicho de otro modo, en las que el inversor espera recibir una remuneración dineraria por su participación, dejando por tanto fuera del ámbito de esta norma al «crowdfunding» instrumentado mediante compraventas o donaciones.»
Este instrumento de financiación en la era digital tiene la capacidad de encriptar información, de esta manera protegerla y por ello aportar al sistema, o el negocio, la seguridad jurídica, la inmutabilidad, la transparencia y la trazabilidad necesaria para garantizar los derechos y obligaciones inherentes a este tipo de operaciones, democratizarse y expandirlas más allá de las fronteras territoriales propias de las demarcaciones administrativas territoriales del Estado y generar la posibilidad de establecer gobernanzas cooperativas y colaborativas, descentralizadas y autocompositivas.
El acceso del público en general a operaciones financieras estaba reservado hasta hace unos años a una minoría especializada en su formación (aún es conveniente tenerla) que controlaba el flujo de información de las operaciones en pequeñas comunidades, cuyos canales de comunicación se desarrollaban en pequeños núcleos, muy territorializados.
Por el contrario hoy, la información y la comunicación gracias a las redes sociales y la web 2.0 se expande y llega a todos los hogares, a todos los oídos que quieren escuchar y entender y a todos los ojos que quieran ver.
La oportunidad de invertir en negocios, participar en su desarrollo, obtener un beneficio y apoyar iniciativas interesantes para los valores, la ideología o el credo religioso de cada participante es hoy una realidad para muchas más que antes. Pero que aún debe expandirse y acabar formando parte de la agenda diaria de la pequeña y mediana empresa, aún ignorante de estos instrumentos e, incluso, recelosa de su eficacia y garantías.
Ayer preguntaba a un abogado de provincia la última vez que había visto un pagaré, cheque o talón, o letra de cambio en el tráfico mercantil como parte de un contencioso. Levantaba las cejas y reconocía que desde hace mucho tiempo que no. Y es que todo cambia, en la banca también, sólo hay que salir a la calle a contar oficinas, seguro que salen muchas menos que hace diez años.
Las Plataformas de Financiación Participativa forman parte de nuestro ecosistema de dos maneras, por una lado, las regladas, las que forman parte de esta lista intervenida por el Gobierno, por el Estado y las que, al margen, a pequeña escala, operan en la clandestinidad fiscal y administrativa, que, por ser, precisamente opacas para la legalidad vigente no tenemos registros ni estadísticas de ellas.
Hace unos días tuve la visita en mi despacho de varios jóvenes, generación Z, todos ellos con algún millennials (generación Y) con un proyecto de finanzas participativas con una alta rentabilidad y la garantía de inversión de activos de alto valor. Todo perfecto. Pero cuando les informé de que estaban construyendo una Plataforma de Financiación Participativa y que ellos suponía tramitar un expediente administrativo ante la CNMV se les torció el morro y comenzaron, comenzamos, a establecer una estrategia de evasión del perímetro legislativo que permitiera conseguir el fin pretendido sin el alto coste exigido por el sistema.
Tomé esta iniciativa y otras muchas que conozco como un cambio de tendencia.
¿Por qué no acudir al sistema tradicional y legal?
No comulgan con el propósito, el ikigai, de los bancos. Prefieren construir ellos mismos su propio entorno y decidir entre todos el cómo, cuándo y dónde.
Han conquistado un nuevo mundo, el digital, el que obtienen para ellos todo lo que el sistema analógico ofrece al resto de la población, seguridad y confianza.
En los políticos de turno se suele oír la expresión de que hay que confiar en el sistema financiero español. Hasta ahora era el único que teníamos, los bancos, y, después de la que montaron con la crisis bancaria que dejó España vaciada de sucursales de cajas y bancos, las nuevas generaciones buscan esa confianza y seguridad en instrumentos más acordes a la realidad que viven y experimentan día a día.
En los próximos años veremos nacer esta nueva banca, ese nuevo sistema financiero que por ahora se ha denominado DEFI cuando utilizan blockchain. Pero esto lo dejamos para otra ocasión, hoy basta con saber que ha nacido toda una galaxia en el firmamento financiero y que aún está por explorar este nuevo mundo en el que los nuevos banqueros son que los que denomino banqueros Z.
- Julio de la Torre Hernández es fundador y CEO de Abogado Ciber-Ecosolucionescripto