La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, toca la campana para iniciar una reunión
Las empresas, abocadas a otro 'impuestazo' de entre 490 y 1.630 millones por la nueva subida del salario mínimo
El incremento del SMI supone un goloso aumento en los ingresos del Estado
Las negociaciones por el salario mínimo interprofesional siguen estancadas después de que los sindicatos hayan rechazado este lunes el incremento del 4 % propuesto por el Ejecutivo, al que han acusado de ponerse del lado de la CEOE. Lo cierto es que cada subida del SMI supone para el Gobierno un nuevo ingreso en unas cuentas que no acaban de cuadrar. Un impuestazo en toda regla que acaba recayendo principalmente en las empresas, pero también en los trabajadores que ven incrementadas sus cuotas de IRPF.
El Gobierno se la está jugando con el SMI. Aunque las sucesivas subidas no han tenido un efecto significativo en el empleo, todos los expertos coinciden en que un salto importante acabará haciendo mella en la tasa de paro. Yolanda Díaz es consciente de que la propuesta de la patronal –un incremento del 3 % más un 1 % en caso de desviación de la inflación– no solo es realista sino también generosa, máxime cuando el pasado año se les dejó fuera de una ‘negociación’ que acabó por imponer un 8 %.
Los sindicatos se agarran a la Carta Social Europea para exigir un SMI equivalente al 60 % del salario medio
Los sindicatos se agarran en el mandato de la Carta Social Europea para exigir un SMI equivalente al 60 % del salario medio. El problema es que la encuesta de estructura salarial del INE publica los resultados a mediados del siguiente año. En cualquier caso, en la primera reunión se descolgaron con un 10 % y en esta lo han reducido al 5 %; eso sí, previo rapapolvo al Gobierno por «asumir» la propuesta de la patronal.
Negocio... para el Estado
Con un aumento de la inflación en los doce meses anteriores a noviembre del 3,8 %, todo indica que los sindicatos acabarán pasando por el aro con la propuesta de Trabajo ya que no deja de verse como una victoria que les permita engrosar su lista de afiliados. Pero el verdadero negocio lo hará el Ejecutivo.
La subida del SMI supone también un incremento en los ingresos del Estado a través de las contingencias comunes de la Seguridad Social, el tipo general de desempleo para los contratos indefinido, las contingencias profesionales, el fondo de garantía salarial (FOGASA) y el porcentaje para formación profesional.
Para muestra un botón: un trabajador que gane 15.120 euros brutos anuales –el actual SMI– le supone a la empresa un coste de 4.861 euros al año. Además, el Estado ganará –dependiendo de la comunidad en la que resida– otros 3.006,3 euros anuales de IRPF. En total, por cada empleado que gana el SMI, el Estado ingresa 7.867 euros por los distintos conceptos. Si multiplicamos esta cantidad por los 1,92 millones de trabajadores a tiempo completo que cobran el SMI, hablamos de más de 15.000 millones de euros. Y eso calculado con un porcentaje de contingencias profesionales relativamente bajo, ya que varía bastante en función de la actividad profesional.
Así, cualquier aumento del SMI se puede ver como un impuestazo a cargo de empresas y trabajadores, le permite al Ejecutivo incrementar los ingresos anualmente con una medida de marcado carácter electoralista. Por ejemplo, si se aumenta el SMI un 4 %, el Estado ingresaría 340, 24 euros más por trabajador, unos 653,3 millones de euros más; pero si lo hiciera un 10 %, ese extra ascendería a los 849,37 euros por persona, 1.630,8 millones más. Eso sí, como estos incrementos del salario mínimo empiecen a afectar a la tasa de desempleo, el Gobierno se va a ver metido en un verdadero atolladero y, por extensión, todo el mercado laboral.
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