El ingreso mínimo vital apenas llega al 5 % de las personas sin hogar

El ingreso mínimo vital es, posiblemente, uno de los mayores fracasos del Gobierno en su primera legislatura. Aprobado con el objetivo de ampliar la cobertura y simplificar las trabas burocráticas, la realidad es que un porcentaje muy bajo de las personas en situación de vulnerabilidad se están beneficiando de esta ayuda.

Definido por Pablo Iglesias como «el mayor avance en derechos sociales desde la ley de dependencia de 2006», se trata de una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza para personas y hogares en situación de vulnerabilidad económica. El objetivo, según el entonces vicepresidente del Gobierno, era «aumentar la cobertura simplificando los trámites para que ninguna persona en situación de vulnerabilidad se quede desatendida».

Lo cierto es que, tres años y medio después, ha sido un completo fracaso. Según un informe adelantado por El País del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), esta ayuda solo llega al 5 % de las personas sin hogar que tendría derecho a percibirlo.

«Aunque la intuición indique que aquellos con más necesidad deberían solicitar el IMV con mayor probabilidad, en el colectivo de personas sin hogar se ha constatado que los costes de solicitud son tan elevados que no compensan las ventajas potenciales de su percepción», señala el estudio.

La propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el IMV solo llegó a cierre de 2022 a 284.000 hogares de los 800.000 previstos de beneficiarse, apenas el 35 %. Según esta institución, la mayor parte de las solicitudes denegadas –el 69 %– se produjo a «dificultades en el ámbito de la gestión».

El Gobierno, por su parte, no parece muy interesado en esta figura al tratarse de una medida trasferida a País Vasco y Navarra, primero, y posteriormente ampliada a las comunidades de régimen común que lo soliciten.