La expansión empobrecedora del gasto del Gobierno
Todas las Administraciones Públicas han aumentado el gasto, pero el gran responsable de ello es el Ejecutivo de Sánchez
Las Administraciones Públicas siempre han gastado demasiado, pero nunca tanto como ahora, donde toda necesidad parece convertirse en un derecho que hay que financiar con el dinero de todos los contribuyentes, cuando este último no da ya más de sí, mientras que el gasto se incrementa de manera permanente y creciente, que no es sostenible.
La tentación de incremento de gasto público que todas las administraciones han aplicado durante el tiempo en el que estuvieron suspendidos los objetivos de estabilidad (2020, 2021, 2022 y 2023) nos ha llevado a una situación que es insana. Todas las Administraciones Públicas (AAPP), repito, han aumentado el gasto, pero el gran responsable de ello es el Gobierno del presidente Sánchez, por dos razones: la primera, porque es quien más lo ha incrementado, hasta casi 200.000 millones de euros.
Eso supone, ni más ni menos, que 79.286 millones desde 2018 -sin contar fondos europeos son 69.381 millones, pero los otros 10.000 se quedarán también cuando no haya financiación europea- en cuanto al gasto no financiero de los Presupuestos Generales del Estado.
La segunda, porque es quien debería velar por el cumplimiento del objetivo de estabilidad del Reino de España, procurando que no hubiese desviaciones importantes durante el período en que las reglas fiscales estaban en suspenso para no incurrir en riesgo de incumplimiento y, sin embargo, siempre ha dejado claro que lo que no quiere es que las CCAA (comunidades autónomas) ajusten el gasto, la última vez a cuenta del rechazo de la senda de estabilidad, que la emplea el Gobierno para amenazar a las CCAA con un objetivo algo más severo, cuando debería impulsar dicho objetivo más restrictivo. El Gobierno regó a las CCAA con un fondo equivalente a 1,1 puntos porcentuales de PIB, dejándoles la posibilidad de endeudarse por otro 1,1 % más. Cada punto de PIB eran entonces 11.000 millones de euros, en números redondos, que fueron a engrosar la deuda española, con independencia del nivel de la administración en el que se coloque el gasto y el endeudamiento. Después, en 2022 y 2023, les perdonó la liquidación negativa de las entregas a cuenta de 2020 y 2021, respectivamente, de manera que no se ajustaron y se aplazó el problema.
De ese modo, no sólo el Gobierno de la nación tuvo la tentación de gastar más, que ya lo hizo y hace, sino que las CCAA, con unos ingresos inflados artificialmente, pudieron también gastar más de lo que necesitaban, bien porque algunos son de tendencia natural al gasto, bien porque otros, los menos, tienen miedo de que les pueda sobrar el dinero y cerrar con superávit. Igualmente, el Gobierno permitió a los ayuntamientos tener tanto margen para poder gastar sus remanentes, con lo que se creó un gasto estructural donde no lo había, que puede ser muy nocivo a futuro.
De hecho, dentro de esa relación en la que parece que toda necesidad se convierte en un gasto financiado por los contribuyentes, vemos levantar aceras y calzadas donde no es necesario, subvencionar viajes -algunos, a personas de cincuenta y cinco años a los que se considera mayores, cuando están en plena edad de producir, no de ser destinatarios de subvenciones para viajes de ocio-, o, en el caso del Gobierno, empobrecer a la estructura económica española creando una fuerte red de subsidios y subvenciones, que desincentiva el trabajo y rebaja tarifas de bienes y servicios a niveles que cada vez cubren menos porcentaje del coste, con lo que los contribuyentes habrán de pagar más impuestos para sostenerlos.
No se puede no cobrar casi por el transporte, da igual que sea metro, autobús o tren. No se puede dar una paga por cumplir dieciocho años. No se puede compensar la subida de tipos de interés. No se puede subvencionar la gasolina. No se puede subvencionar la luz. No se puede pretender incrementar el subsidio de desempleo. No se puede indexar las pensiones al IPC y pretender cubrirlo con subida permanente de cuotas a la Seguridad social. Hay que ayudar a las personas que lo están pasando mal, desde luego, de manera transitoria, pero no hacer crónica una subvención, ni pretender subvencionar absolutamente todo. Eso es insostenible, hace que una economía sea inviable y condena a las personas a la dependencia económica del gobierno de turno.
En definitiva, no se puede generar más gasto, y menos estructural, porque la economía española no soporta mucho más endeudamiento, pese al paraguas de la eurozona y del BCE, que, obviamente, no van a dejar que España colapsase, pero que si España sigue por ese camino de endeudamiento extremo que pueda suponer un riesgo para la estabilidad del euro, no dudarán en intervenirla e imponerle recortes muy duros, los cuales se pueden evitar si quienes gobiernan son responsables y sensatos. Es algo sobre lo que deberían reflexionar hoy mismo que se debate, de nuevo, la senda de estabilidad en el Congreso.
España debe iniciar, a todos los niveles, un exhaustivo programa de ajustes y reformas profundas, dirigido por el diseño de una austeridad inteligente, que si la hacemos nosotros podrá permitir equilibrar las cuentas, crecer con fuerza, recuperar el empleo y salvar gastos esenciales, como las pensiones, pero que si, por no hacer las cosas bien y seguir aumentando el gasto, déficit y deuda, tiene que ser la Comisión Europea la que diga dónde ajustar, entonces sí que habrá recortes duros, por ser todavía peor la situación, en elementos muy sensibles.
No podemos gastarnos lo que no tenemos, porque, al hacerlo, estaremos comprometiendo nuestra prosperidad, nuestro futuro, nuestra fortaleza como economía. El nivel de confiscatoriedad en los impuestos es ya insoportable, pero aunque lo incrementasen más, apenas aumentaría la recaudación; más bien lo contrario: en el medio plazo caería con fuerza y dejaría al descubierto todo el gasto que no puede ser financiado, pudiendo generar un colapso importante de impagos. La responsabilidad debería imperar.
La sociedad debe entender definitivamente que nada es gratis, que cada vez que un político anuncia un gasto, está anunciado, simultáneamente, mayor deuda y mayores impuestos, y que no podemos seguir viviendo por encima de nuestras posibilidades, o pasaremos, si no se corrige, a vivir mucho peor. Es un juego de prestidigitación: el político promete un gasto para beneficiar a los ciudadanos, pero antes de darles ese servicio, les quita el dinero vía impuestos: es más caro, los ciudadanos no pueden decidir qué quieren hacer con su dinero y es insostenible.
Sólo el gasto necesario, nada estructural adicional, eliminar trabas, no subir los impuestos de manera neta y llevar a cabo un control riguroso para que no se gaste ni un céntimo más de lo que se necesite. Eso es lo que hay que hacer si queremos mantener nuestra economía a flote en el medio y largo plazo. Frente al gasto infinito, los impuestos confiscatorios, el déficit recurrente, la deuda exponencial y el estancamiento económico y paro elevado, la opción eficiente es el rigor presupuestario, que permitirá generar el marco económico adecuado para una fuerte recuperación.
José María Rotellar es profesor y director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria.
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