España arde y el Gobierno escatima en prevención: Grecia invierte cuatro veces más y Portugal, tres

Este verano, España vuelve a arder. Las llamas devoran miles de hectáreas de bosque, los cielos se tiñen de humo y las evacuaciones se suceden en pueblos enteros. Las imágenes se han vuelto habituales, pero no por ello menos dolorosas. Lo que debería ser una excepción se ha convertido en una rutina estacional. Lo más grave: la respuesta institucional sigue siendo insuficiente, tardía y mal financiada.

El Informe Especial 16/2025 del Tribunal de Cuentas Europeo, sobre la financiación de la UE para luchar contra los incendios forestales, pone cifras a una realidad que muchos intuíamos: España invierte mucho menos que sus vecinos en prevenir y gestionar incendios. No hablamos de diferencias pequeñas, sino de una brecha presupuestaria escandalosa.

Hasta agosto, España había recibido 48.000 millones de euros en subvenciones a fondo perdido

Hasta agosto, España había recibido 48.000 millones de euros en subvenciones a fondo perdido. A cierre de mayo, aún quedaban por adjudicar 24.835 millones, según datos oficiales de la IGAE. Como señala Unai Mezcua, Macron y Meloni arrollan a Sánchez en gestión de los fondos europeos ante la parálisis de medio Gobierno

Ahora desayuno con que, según el informe, Grecia ha destinado 837 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) a medidas contra incendios forestales; Portugal, 615 millones; y España, en cambio, apenas ha asignado 221 millones en todo el país

Grecia invierte cuatro veces más que España; Portugal, casi tres. Y eso que España es uno de los países más afectados por los incendios en Europa, con una media de 79.000 hectáreas quemadas al año entre 2006 y 2023. Solo Portugal supera esa cifra… pero su inversión es proporcionalmente mucho mayor. Además, España es 3,8 veces más grande que Grecia y 5,5 veces más que Portugal.

El informe revela que tanto Grecia como Portugal han reorientado sus políticas hacia la prevención, entendida como la única forma eficaz de reducir la frecuencia y el impacto de los incendios. En Portugal, por ejemplo, el gasto en prevención ha superado al de extinción desde 2020, alcanzando un 61 % del presupuesto en 2022. En España, solo algunas regiones como Galicia y Andalucía han seguido esa senda, pero el esfuerzo nacional sigue siendo insuficiente y descoordinado.

Muchos proyectos en España se seleccionan por criterios geográficos, como repartir fondos equitativamente entre provincias y no por riesgo real

Además, el informe denuncia que muchos proyectos en España se seleccionan por criterios geográficos, como repartir fondos equitativamente entre provincias y no por riesgo real. Esto lleva a una distribución ineficiente de los recursos, donde proyectos con menor impacto reciben financiación mientras otros más urgentes quedan fuera.

Muchos cortafuegos y trabajos de desbroce no tienen garantizado su mantenimiento más allá de los fondos europeos. En Galicia, por ejemplo, en 2024 solo se prevé actuar sobre un tercio de los cortafuegos existentes, cuando deberían mantenerse cada tres años para ser eficaces.

El pasado 13 de agosto, un amigo ganadero en Leitariegos (Asturias) me contaba que estaba rodeado por tres incendios. Ante la falta de medios, los propios ganaderos tuvieron que improvisar cortafuegos con sus vehículos, mientras otro fuego devastaba la zona de Las Médulas.

El calor extremo y la sequía no son fenómenos nuevos en España. Lo que ha cambiado es el abandono rural, que ha convertido muchos bosques en auténticos polvorines. Mientras el riesgo crece, el Gobierno no prioriza la prevención.

El informe europeo es contundente: la Comisión Europea no dispone de una visión completa del gasto real en prevención, y los Estados miembros –España incluida– no están obligados a diferenciar entre tipos de catástrofes al reportar sus inversiones. Esto se traduce en opacidad, ausencia de evaluación y políticas cortoplacistas.

La ausencia de indicadores comunes entre países impide medir la eficacia real de las medidas

La ausencia de indicadores comunes entre países impide medir la eficacia real de las medidas. Los informes se centran en datos de ejecución –hectáreas tratadas, vehículos adquiridos–, pero no en resultados: menos superficie quemada o mayor capacidad de respuesta. En otras palabras: se mide lo que se hace, no lo que se consigue.

Mientras Grecia ha revisado su plan de recuperación para duplicar los fondos destinados a operaciones forestales, y Portugal ha creado una agencia específica para la gestión de incendios rurales, España sigue dependiendo de financiación europea sin garantizar continuidad ni impacto a largo plazo.

Sin estrategia nacional

Cada verano sin una estrategia nacional seria de prevención es una traición al medio ambiente, a los ciudadanos de zonas rurales y a los bomberos que arriesgan su vida.

España necesita dejar de apagar fuegos y empezar a evitar que se enciendan. Si Grecia y Portugal pueden invertir más y mejor, ¿por qué España no? La respuesta no es la falta de recursos, sino la falta de voluntad política.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha priorizado otras partidas mientras los incendios se multiplican y el presupuesto de prevención sigue siendo insuficiente. La diferencia con Grecia y Portugal no es solo económica: es estratégica, institucional y ética.

Los incendios no son solo un problema medioambiental: amenazan vidas, salud, economía y patrimonio natural. Cada hectárea quemada recuerda que la prevención no es un lujo, sino una necesidad urgente. Y cada euro que no se invierte es una deuda con el futuro.

Desde la puesta en marcha del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en 2020, España ha destinado solo 221 millones de los 163.000 millones que puede recibir a la prevención de incendios. Esto no es falta de dinero: es desidia, falta de voluntad y desprecio por la sociedad y el medio ambiente. Mientras tanto, el presidente pasa sus vacaciones en La Mareta, rodeado de escoltas y evitando la calle.