Son nuestros impuestos los que crean empleo, no el sector privado

La Encuesta de Población Activa ya no es lo que era. Durante años fue un referente frente a las cifras oficiales de los distintos gobiernos, que nunca han tenido demasiado interés en calcular con precisión el paro real de la economía. Por eso, cuando aparecía la EPA del INE, todos los que queríamos saber cómo evolucionaban los ocupados, la población activa y los parados acudíamos con atención a sus datos.

Esto ha cambiado radicalmente. Hoy la EPA no sigue las directrices de la OIT en el cálculo del paro y ha decidido no contar como parados a los fijos discontinuos, porque el Gobierno actual no podría permitirse ver que la cifra de parados efectivos ronda los 3,3 millones, lo que situaría el desempleo en torno al 13,3 % y haría saltar por los aires todo su discurso.

Elena Manzanera, presidenta del INE, nombrada por Nadia Calviño y refrendada por Carlos Cuerpo, ha decidido tragar con todo y poner el instituto al servicio de los intereses del Gobierno. No de las estadísticas, sino de La Moncloa. No de la realidad económica del país, sino de seguir cobrando 134.000 euros anuales y disfrutar de las prebendas del cargo.

La EPA debería preguntar al encuestado qué hizo la semana pasada o el mes pasado. Si trabajó al menos una hora en la semana de referencia, se le contaría como ocupado; si no lo hizo, como parado.

Si esto es así, ¿cómo puede ser que en diciembre el SEPE nos dijera que había 892.933 «no parados con relación laboral», que no son otra cosa que fijos discontinuos, y la EPA se haya olvidado de llamarlos, preguntarles qué estaban haciendo y contarlos como parados cuando estaban mano sobre mano?

El INE ha sido tomado al asalto desde 2022, con la aquiescencia de muchos empleados públicos que callan y, por tanto, otorgan. Está claro que personajes como Ignacio Barrón, presidente de la CIAF, que investiga el descarrilamiento del tren de alta velocidad, no abundan en España. Por eso es fundamental que aparezcan figuras así en la vida pública.

En cualquier caso, como la perfección no existe cuando se manipulan estadísticas, al INE le pasa como a Tezanos: de vez en cuando mete la pata. En este caso, la EPA ha revelado algo que desmonta el relato oficial: se destruye empleo en el sector privado y quien realmente crea puestos de trabajo son las administraciones públicas.

Lo que parece olvidarse es que a los empleados públicos los pagamos los españoles, no el Gobierno. El Ejecutivo recauda, gestiona mal y, con ese dinero, paga salarios públicos. Conviene no perderlo de vista.

Para que vean lo que dice el INE de Manzanera, he preparado esta tabla que lo explica con claridad:

Lo primero que muestra es que los autónomos han aumentado en número entre los ocupados, algo que coincide con los datos de la Subdirección General de Estadística del Ministerio de Trabajo. Curiosamente, aquí sí coinciden las cifras.

Lo más llamativo es que el número de asalariados del sector privado cae en casi 55.000 en un solo trimestre, mientras que quien realmente sostiene el empleo es el sector público, que crea 108.700 nuevos puestos de trabajo.

El INE afirma que el total de asalariados en España es de 22.463.300, una cifra que no coincide ni de lejos con la de la Seguridad Social.

La Seguridad Social señala que hay 21.679.951 afiliados a cierre de 2025, y además sabemos que esta cifra está inflada, ya que contabiliza múltiples altas y bajas de contratos temporales. Los afiliados reales son menos.

¿Cómo puede haber más asalariados que afiliados a la Seguridad Social? ¿Ha descubierto el INE toda la economía sumergida? ¿Cuenta incluso a quienes trabajan en negro como asalariados?

Está claro que este INE ya no es el INE que conocíamos. Hoy sus datos sirven para lo mismo que antes servía el papel de periódico cuando faltaba papel higiénico. Qué pena.