Varios niños, en un colegio de Madrid.
Educación
La verdad que esconde el ataque de la privada contra los conciertos educativos
Asociaciones de centros públicos y privados inician una guerra contra la educación concertada en un intento de acabar con un modelo a través de acusaciones de ilegalidad
La educación privada ha desenterrado el hacha de guerra contra los conciertos educativos con la publicación de un polémico informe en el que acusa a los centros concertados de cobrar cuotas ilegales a las familias. La bajada de natalidad ha afectado especialmente a los ciclos de Infantil y Primaria, reduciendo el pastel educativo; pero detrás de este movimiento se encuentra un ataque a un modelo que amenaza con ampliar las desigualdades entre pobres y ricos.
Esta semana, dos asociaciones con intereses aparentemente tan distantes como son CICAE –que defiende los intereses de los centros privados– y CEAPA –una confederación laica y progresista de padres de alumnos de la pública– presentaron un informe que aseguraba que el 90 % de los centros concertados cobra una cuota base mensual y el 76 % lo hace de manera obligatoria. Una acusación muy grave, ya que contravendría la Ley Orgánica del Derecho a la Educación que ampara la gratuidad de la educación obligatoria en centros sostenidos con fondos públicos.
Para la elaboración de este informe, Garlic B2B –empresa encargada del estudio– utilizó una metodología mystery shopper simulando ser familias que solicitan información para la matriculación de sus hijos para este curso. «Tenemos dificultad para conseguir información que indique claramente a las familias las tarifas y aportaciones que tienen que hacer, en concepto de qué las cobran, los horarios o los contenidos que justifican su pago. En algunos casos debemos insistir hasta en diez ocasiones a los colegios, en otros entregan una información comercial muy completa, pero no incluyen la de la cuota, y un 44 % de los centros no llega a entregarnos ningún documento con los precios de las cuotas complementarias», asegura Amparo Núñez, directora de proyectos de la consultora que ha elaborado el informe.
El estudio también afirma que en un 18 % de los casos existe riesgo de exclusión para el alumno cuya familia no pague la cuota, un dato que aumenta hasta el 31 % en la Comunidad de Madrid. «En estos centros, el estudiante no podría acudir a las actividades complementarias con el resto de los alumnos, por lo que la familia tendría que ir a recogerlo o quedar aislado del grupo en otro espacio del colegio», añade el informe.
Tras la publicación de este estudio, la concertada no ha tardado en responder. Escuelas Católicas, una de las mayores organizaciones que agrupa a varios centros concertados, ha acusado a CEAPA y CICAE de preparar un «efecto pinza» con el objetivo de «eliminar la competencia que supone la enseñanza concertada en un momento de descenso de natalidad».
El INE calcula que, de aquí hasta 2030, la población de Infantil y Primaria caerá un 18 %
Este descenso ha provocado que, por primera vez en veinte años, el curso académico haya comenzado con menos alumnos. De hecho, el INE calcula que de aquí a 2030, la población del segundo ciclo de Infantil –de 3 a 6 años– y Primaria caerá un 18 %, con la consiguiente reducción de la demanda de centros privados y concertados.
«Cuestionamiento del modelo»
El tema de la natalidad, no obstante, no es lo único que esconde este ataque. Para Jesús Muñoz de Priego, abogado experto en Derecho Educativo, se trata más bien «de un cuestionamiento del modelo». «Quienes defienden solo pública y quienes apuestan por la privada solo de pago se unen, como extraños compañeros de cama, para cuestionar un modelo que está ampliamente elegido y respaldado por la sociedad», añade.
Muñoz de Priego destaca que, si hubiesen encontrado ilegalidades, deberían haberlo denunciado ante la Administración para depurar responsabilidades.
De hecho, este abogado critica las referencias de los representantes de estas asociaciones al artículo 88 de la LOMLOE, referente a las garantías de gratuidad. Elena Cid, directora general de CICAE, aseguró que la ley Celáa prohíbe expresamente en el mencionado artículo el cobro de cuotas. «No se está cumpliendo la ley, cobran cuotas en concepto de aportaciones, proyectos educativos o actividades complementarias obligatorias dentro del horario escolar y, además, lo hacen por contenidos curriculares esenciales», afirma Cid.
Este artículo establece que, para garantizar la escolarización de todos los alumnos sin discriminación por motivos socioeconómicos, «en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias de los alumnos».
Lo cierto es que ese artículo ya se encontraba en la ley educativa anterior, la ley Wert, sin cambiar una coma. «El desconocimiento o la manipulación es grande y se mezclan interesadamente en el discurso, el concepto de cuotas ilegales, con cuotas perfectamente reguladas por actividades y servicios y aportaciones voluntarias absolutamente legítimas», explica Muñoz de Priego. «Solo faltaría que alguien viniera a decirme donde puedo o no hacer los donativos que me vengan en gana».
El Gobierno aprovecha la coyuntura
La ministra de Educación, Pilar Alegría, se ha pronunciado sobre le tema asegurando que, si hay centros concertados imponiendo cuotas, «las Comunidades Autónomas, a través de la inspección, tienen que actuar».
Esta situación ha sido particularmente oportuna para el Gobierno central que mantiene su particular guerra con Isabel Díaz Ayuso, que precisamente apostó por el blindaje de la educación concertada a través de la Ley Maestra de Libertad Educativa aprobada a comienzos de año. En ese momento, CICAE señaló que dicho blindaje implicaba «una barrera insalvable» para las familias que no podían acceder a los concertados por motivos económicos.
Esta asociación también se mostró muy crítica con la presidenta madrileña cuando decidió elevar el techo salarial a la hora de pedir las becas, lo que consideraron una «discriminación» que permite a la concertada mantener una «doble vía de financiación».
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